El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago dictaminó una resolución clave que faculta al Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a habilitar un mecanismo financiero para saldar las acreencias laborales pendientes que arrastra la minera Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) con sus antiguos colaboradores.

La disposición judicial busca descongestionar la asfixia económica de los trabajadores cesantes, evitando que deban aguardar los extensos plazos procesales del litigio de insolvencia mercantil para recibir sus pagos por ley. Según lo establecido, el Fonper adelantará los desembolsos que cuenten con la debida certificación y validación técnica del Ministerio de Trabajo.

Un mecanismo de subrogación que no exime a la minera

El dictamen judicial precisa con claridad que la intervención estatal no constituye una exención de responsabilidades ni un rescate financiero a fondo perdido para la compañía. En su lugar, se ejecutará bajo la figura jurídica de subrogación: el Fonper asumirá directamente el rol de acreedor frente a Falcondo por los montos exactos liquidados a los operarios.

El tribunal fundamentó su decisión en el principio constitucional de especial protección a los derechos laborales y el evidente impacto socioeconómico que genera el impago prolongado en las familias de la provincia Monseñor Nouel y zonas aledañas. Asimismo, se constató la existencia de bienes muebles e inmuebles a nombre de la empresa minera con capacidad suficiente para que el Estado recupere posteriormente los fondos avanzados en el marco del proceso de liquidación.

Impacto en decenas de familias y contratistas

La medida atiende un reclamo social que se venía intensificando en las últimas semanas. Las deudas laborales de Falcondo abarcan a más de 88 empleados directos desvinculados y cerca de 50 empresas contratistas, con compromisos acumulados que sobrepasan los RD$950 millones.

Con esta autorización judicial, el Gobierno dominicano pretende sofocar de inmediato la crisis humanitaria y laboral generada por la falta de liquidez de la multinacional, blindando al mismo tiempo el erario público mediante el cobro preferencial de los activos patrimoniales de la minera.