El exministro de Educación, Roberto Fulcar, salió al frente tras la publicación de la reciente auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a su administración (2020-2022), asegurando que las debilidades señaladas por el órgano fiscalizador fueron situaciones institucionales heredadas que se corrigieron o se comenzaron a subsanar durante su gestión.

La investigación especial del órgano auditor abarcó áreas neurálgicas como compras y contrataciones, nóminas, desembolsos, inventario y adquisición de equipos tecnológicos. A raíz de los hallazgos, la CCRD fijó un plazo de 25 días calendario para la entrega de un plan de acción correctivo ante la Contraloría General y la propia institución fiscalizadora, en cumplimiento con el marco legal vigente.

Contexto extraordinario y enfoque administrativo

Frente al informe, Fulcar subrayó que su período estuvo condicionado por circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia del COVID-19, un escenario que exigió respuestas inmediatas para garantizar la continuidad escolar. A través de un comunicado, el exfuncionario argumentó que las observaciones realizadas corresponden a temas de carácter procedimental, contable y documental propios de la gestión pública, los cuales no deben catalogarse como irregularidades penales o dolo.

El exministro defendió que las auditorías son herramientas de mejora institucional y detalló que, durante su administración, se adoptaron medidas concretas. Entre ellas, citó la corrección de clasificaciones presupuestarias en marzo de 2022 mediante acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), así como el inicio de la depuración, organización y digitalización de los expedientes del personal en la nómina institucional.

Delimitación de responsabilidades

Uno de los puntos centrales en la defensa de Fulcar se refiere al límite temporal de la auditoría, la cual concluyó su alcance el 3 de agosto de 2022. El exministro enfatizó que cualquier decisión, omisión o falta de seguimiento a garantías y contratos rescindidos con posterioridad a esa fecha recae estrictamente sobre las autoridades que le sucedieron.

"Las medidas que correspondía implementar durante nuestra administración fueron identificadas y puestas en marcha. Hoy, frente a una investigación especial de la Cámara de Cuentas, tenemos la tranquilidad de que no se encontraron irregularidades en nuestra gestión", concluyó.