El reconocido jurista y diplomático Olivo Rodríguez Huertas sostuvo que no se debe imponer una «camisa de fuerza» al presidente Luis Abinader ni al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al momento de seleccionar a quien encabezará la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Consejo del Poder Judicial.

Durante su participación en el programa televisivo D´Agenda, conducido por Héctor Herrera Cabral, Rodríguez Huertas argumentó que, si bien dentro de la judicatura existen magistrados con sobradas credenciales, el país también cuenta con profesionales del Derecho altamente calificados fuera del escalafón judicial para asumir las riendas del sistema de justicia.

Tradición institucional y balance legal

El especialista recordó precedentes históricos como la transformación iniciada en 1997 bajo el liderazgo de Jorge Subero Isa, quien no provenía de la carrera judicial y encabezó una etapa decisiva para la modernización de la justicia dominicana. Asimismo, valoró positivamente las gestiones de Mariano Germán Mejía y del actual titular, Luis Henry Molina.

Rodríguez Huertas puntualizó que la legislación vigente contempla un equilibrio claro: el 75% de los jueces de la SCJ deben ser de carrera judicial, mientras que el 25% restante se nutre de juristas destacados del ámbito académico, el Ministerio Público o el ejercicio privado. Asimismo, enfatizó que la presidencia del órgano exige un perfil integral de gestor y administrador, ya que encabeza el Consejo del Poder Judicial.

Perfil de Fernando Langa y debate sobre el Código Penal

Al ser consultado sobre figuras mencionadas en el debate público, Rodríguez Huertas resaltó la trayectoria y solvencia moral del abogado Fernando Langa, a quien definió como un jurista con probada experiencia profesional, vocación académica y dotes organizativas para liderar la alta corte en caso de ser considerado por el CNM.

Por otro lado, el jurista abordó la discusión en torno al nuevo Código Penal, asegurando que la comunidad jurídica nacional se encuentra plenamente capacitada para su aplicación. Destacó que, aunque la pieza incorpora nuevas figuras delictivas adaptadas a los avances sociales y tecnológicos, mantiene una sólida base de la tradición jurídica y doctrinal ya asimilada por jueces, fiscales y abogados en la República Dominicana.