La Cámara de Diputados dio luz verde en segunda lectura al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Becas, una iniciativa legislativa orientada a regular el acceso equitativo a la educación superior, técnica y especializada, pero que a su vez introduce un estricto compromiso de retorno para quienes cursen programas fuera del país con financiamiento estatal.

La pieza, sometida por el diputado José Caraballo (representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno), fija que los estudiantes beneficiados con becas internacionales deberán regresar a territorio dominicano por un período de entre dos y cinco años para ejercer su profesión y transferir las competencias adquiridas. De no acatar esta disposición, el egresado estará obligado a reembolsar al Poder Ejecutivo la totalidad o una porción del costo de sus estudios bajo el criterio de reciprocidad social.

Exigencias académicas y régimen de sanciones

El texto legislativo no solo condiciona la permanencia territorial tras la graduación, sino también el desempeño durante el proceso formativo. Los becarios deberán sostener un rendimiento académico mínimo y emplear los montos otorgados exclusivamente para los fines educativos aprobados. Quienes incumplan con la entrega de documentos o desvíen recursos enfrentarán amonestaciones, suspensiones provisionales, la exigencia de devolución proporcional del dinero y la inhabilitación para optar por nuevas convocatorias por un término de tres años.

Las medidas se endurecen sustancialmente en casos de fraude. La presentación de documentos adulterados o la falsificación de historiales académicos acarreará la cancelación inmediata de la ayuda, la devolución íntegra de los fondos, una inhabilitación de hasta 10 años en programas estatales y el apoderamiento automático del Ministerio Público para la apertura de procesos penales.

Fiscalización contra el favoritismo político

El proyecto también busca cerrar el paso a las asignaciones discrecionales y la corrupción administrativa. Cualquier funcionario involucrado en irregularidades o tráfico de influencias en la distribución de becas quedará sujeto a las sanciones disciplinarias y penales contempladas en la Ley de Función Pública, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y el marco legal contra el Lavado de Activos.

Para articular estas políticas, la legislación contempla la creación del Consejo Nacional de Becas (Conabe), organismo que presidirá el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). En este órgano participarán los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud, además de instituciones como el Infotep, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), universidades privadas y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Tras ser superado el trámite en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasa al Senado de la República, donde deberá ser conocida en dos lecturas antes de ser remitida al presidente Luis Abinader para su eventual promulgación u observación.