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Denuncian al director del Inposdom por desacatar sentencia de la Suprema Corte de Justicia

Publicadosábado, 29 de agosto de 2026, 6:00 p. m.
Denuncian al director del Inposdom por desacatar sentencia de la Suprema Corte de Justicia

El director general del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Erick Guzmán Núñez, ha sido señalado públicamente por desacato a la ley al negarse a ejecutar una decisión judicial definitiva e irrevocable emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La denuncia fue presentada por la ciudadana Haidy Ivanova Martínez Gómez, quien obtuvo ganancia de causa mediante la sentencia No. SCJ-TS-26-1193, dictada por la Tercera Sala de la SCJ. Dicho dictamen ratificó un fallo previo del Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual no solo ordenó su restitución inmediata en la institución postal, sino también el desembolso íntegro de los salarios no percibidos desde el momento en que fue cancelada de forma irregular.

Resistencia institucional frente a la ley

De acuerdo con las declaraciones de Martínez Gómez, tanto el Inposdom como su titular han recurrido a la evasión y al silencio administrativo, esquivando una sentencia que ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Esta postura renuente no solo quebranta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, sino que además compromete la responsabilidad patrimonial del Inposdom y la responsabilidad personal del funcionario involucrado.

Impacto en la institucionalidad y llamado al Poder Ejecutivo

La demandante advirtió que este tipo de desacato representa un grave retroceso para el orden constitucional de la República Dominicana, violando de forma directa el artículo 7 de la Constitución, el cual consagra al país como un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y la separación de los poderes públicos.

Asimismo, Martínez Gómez elevó un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a los órganos judiciales competentes para que intervengan en la situación, señalando que la inobservancia de los mandatos judiciales por parte de funcionarios públicos daña la credibilidad institucional del Gobierno y sienta un precedente peligroso para la administración pública.