El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras denuncias formales de presuntas irregularidades en la licitación del almuerzo escolar para los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís. El proceso, iniciado a finales de 2025 y adjudicado en agosto de 2026, compromete una suma superior a los RD$1,900 millones y ha desatado una ola de reclamos por parte de oferentes que aseguran haber sido desplazados de manera arbitraria.

Empresas inhabilitadas terminaron con contratos millonarios

De acuerdo con la documentación presentada por el abogado Pedro Lara, quien representa a un grupo de 11 suplidores afectados, de las 51 empresas favorecidas en la demarcación, al menos 15 habían sido previamente descalificadas por la propia comisión evaluadora del INABIE por no cumplir con las bases técnicas y administrativas. Estas compañías terminaron recibiendo contratos que, en conjunto, sobrepasan los RD$445 millones.

Entre las asignaciones más controvertidas figura la de Manuel Emilio Mejía Molina, favorecido con RD$31.3 millones pese a que el informe técnico advertía la presentación de documentación falsa, falta que según el pliego acarrea inhabilitación inmediata. Asimismo, se cuestiona la adjudicación por más de RD$38.1 millones a Leidi Massiel Cabrera Heredia, cuyo local comercial presuntamente no cumplía con los estándares mínimos ni disponía de extractores al momento de la inspección inicial; los querellantes señalan supuestos vínculos de su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier ("Don Lolo"), con el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.

Denuncian posible colusión y conexiones políticas

El expediente legal también expone aparentes vínculos entre firmas que concurrieron de forma paralela en el concurso. Se destacan casos como el de Gilkiri, S.R.L. (adjudicada con casi RD$35 millones) y Azul Divino (RD$23.2 millones), ambas ligadas comercialmente a Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz, además de menciones a razones sociales como Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.

En el plano político, los denunciantes cuestionaron la entrega de un contrato de RD$28.1 millones a la razón social CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles ("El Primo"), cónyuge de la diputada por San Pedro de Macorís, Carolina Paula ("La Prima"), a pesar de señalamientos previos sobre conflictos de interés y fallas en sus formularios. Situaciones similares de presunta colusión fueron expuestas respecto a las adjudicaciones de Helen Elizabeth MacCow y Nicole Elizabeth James Cotes.

Suplidores tradicionales quedan en el limbo

Mientras compañías con señalamientos resultaron beneficiadas, suplidores con trayectoria e inversiones certificadas fueron descartados aun obteniendo altas calificaciones. Es el caso de Rafael Emilio Tejeda, suplidor con 12 años de experiencia y una inversión superior a los RD$10 millones en infraestructura y equipos, quien obtuvo 89 puntos y quedó fuera del programa. Situación análoga vivió Elena Rijo, propietaria de un restaurante con 22 años de operaciones que logró 89.25 puntos; su local, ubicado a apenas 220 pies de un plantel escolar, fue omitido para adjudicar la ración a un proveedor situado a más de dos kilómetros y medio.

Los afectados denunciaron además una alteración en los criterios de medición geográfica, pasando del estándar de Google Maps a otra herramienta técnica durante el curso del proceso, lo que perjudicó la ponderación de distancias indispensables para preservar la inocuidad y temperatura de los alimentos.

Acciones legales y suspensiones

Ante este escenario, los oferentes perjudicados depositaron formalmente un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE exigiendo la restitución del principio de igualdad e imparcialidad. Como respuesta paralela, el organismo rector anunció la suspensión preventiva de 14 suplidores en 12 localidades por anomalías operativas —incluyendo cocinas fantasmas, locales en remodelación y mudanzas no reportadas—, al tiempo que ordenó nuevas inspecciones en San Pedro de Macorís para determinar el alcance real de las irregularidades.