El proceso judicial conocido como Operación Calamar sumó un nuevo capítulo procesal luego de que la defensa técnica del abogado Ángel Lockward solicitara de manera formal al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal en su contra, fundamentando el recurso en el vencimiento del plazo máximo estipulado por la normativa procesal penal vigente.

De acuerdo con la instancia elevada por los representantes legales del jurista, el tiempo límite legalmente establecido para la duración del proceso penal concluyó el 16 de febrero de 2026. Bajo este argumento procesal, los abogados sostienen que el tribunal está facultado y obligado a pronunciar el cese definitivo de la persecución penal debido al transcurso del tiempo hábil sin una sentencia definitiva.

Un expediente de alto perfil

Ángel Lockward figura como uno de los principales imputados en este entramado de supuesta corrupción administrativa que encabeza el Ministerio Público. En el expediente también están vinculados exfuncionarios de primera línea de la pasada administración gubernamental, entre ellos los exministros Donald Guerrero (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).

El órgano persecutor les atribuye la presunta comisión de un desfalco al Estado dominicano que supera los 19 mil millones de pesos, involucrando expropiaciones irregulares de terrenos y cobros ilícitos durante la gestión gubernamental.

Otros implicados y posturas previas

El caso además contempla a exfuncionarios y figuras políticas como el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y el exsenador Rafael Calderón, a quien se le conocen audiencias separadas atendiendo a complicaciones de salud.

Lockward ha mantenido una postura crítica frente a la acusación desde sus etapas preliminares, llegando a calificar la investigación como un expediente "sin pies ni cabeza". El tribunal deberá ahora ponderar la solicitud de la defensa para determinar si procede o no la extinción de la causa judicial.