Una exhaustiva auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), correspondiente al período 2020-2022 bajo la gestión de Roberto Fulcar, reveló serias anomalías administrativas y financieras. Entre los hallazgos principales destaca la falta de documentación de respaldo para pagos que ascienden a RD$ 74.6 millones, lo que impidió a los auditores comprobar la veracidad y legalidad de dichos desembolsos.

El informe del órgano fiscalizador califica la omisión de estos soportes como una limitante crítica en el alcance de la evaluación, subrayando que la ausencia de registros contables fiables atenta contra las normas elementales de transparencia en el uso del presupuesto público asignado a la educación dominicana.

Graves omisiones en expedientes de personal

Las inconsistencias no se limitaron a las erogaciones financieras directas, sino que abarcaron ampliamente el manejo del talento humano y la nómina institucional. El equipo auditor comprobó la ausencia total de 73 expedientes de empleados, situación que imposibilitó verificar si sus contrataciones cumplieron con las leyes vigentes y los manuales internos del ministerio.

Asimismo, se documentó un vacío probatorio en torno a los reintegros asociados a 28 libramientos emitidos en la cuenta de sueldos fijos, sin que reposara constancia escrita que avalara dichas operaciones contables.

Contrataciones sin rigor legal

El informe de auditoría también sacó a la luz la falta de formalidad en el personal bajo regímenes especiales. Entre los puntos señalados destacan:

• 31 colaboradores temporales sin contratos de trabajo, cartas de compromiso ni acuerdos de confidencialidad archivados.
• Siete miembros del cuerpo militar vinculados a la institución sin los correspondientes oficios formales de designación requeridos por la ley.

La Cámara de Cuentas insistió en que el incumplimiento en la custodia y entrega de estos expedientes debilita los controles internos del Estado, impidiendo una rendición de cuentas efectiva sobre los recursos invertidos en la administración escolar durante el citado bienio.