Una exhaustiva investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló una serie de fallas e irregularidades técnicas y administrativas en los proyectos de rehabilitación de planteles escolares ejecutados por el Ministerio de Educación (Minerd) durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022, bajo la titularidad de Roberto Fulcar.

El informe del órgano de control externo examinó los procesos de contratación, compras, inventarios, nóminas y desembolsos de la cartera educativa. Uno de los focos principales de la auditoría recayó sobre el proceso de urgencia MINERD-MAE-PEUR-2020-0005, concebido para remozar 570 recintos escolares en todo el país. Según los fiscalizadores, dicha adjudicación se estructuró en 153 lotes a través de 88 contratos de obras; no obstante, 111 de ellos violentaron los cronogramas de ejecución y los plazos de vigencia contractual. El estado en que quedaron múltiples proyectos impidió comprobar la eficacia, eficiencia y razonabilidad de los fondos comprometidos, encontrándose aún planteles a medio terminar o modificados sustancialmente respecto a su diseño base.

Justificaciones por alza de costos sin soporte formal

Al interrogar a una muestra de 23 contratistas para esclarecer el origen de los retrasos, la auditoría constató que los trabajos sufrieron distorsiones por el alza de materiales tras la crisis sanitaria, llegando a registrarse incrementos de hasta un 52 % en determinadas partidas. Aunque la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar alegó que esta realidad y la inclusión de necesidades imprevistas frenaron las labores, los auditores señalaron la ausencia de documentación suficiente y motivada que justificara de manera formal el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos.

Asimismo, el informe expone serias falencias documentales en expedientes de adjudicación concedidos a empresas como Constructora René Díaz, Concretum SRL, Grupo Génova SRL, Nuespi Ingeniería y al ingeniero Antonio Evangelista de la Cruz. En varios de estos casos se verificó la ausencia de análisis de costos unitarios, informes periódicos de supervisión y bitácoras de obra, piezas fundamentales para fiscalizar el destino de los recursos públicos.

Pólizas de garantía por debajo del marco legal

Otro aspecto crítico identificado por la Cámara de Cuentas concierne a dos pólizas de vicios ocultos suscritas para escuelas intervenidas en San Pedro de Macorís, asignadas a Concretum SRL y Grupo Génova SRL por un monto conjunto de RD$46.7 millones. El reporte determinó que las garantías depositadas correspondían apenas a un 5 % del total de las obras (RD$2.3 millones), incumpliendo el mandato del artículo 2 de la Ley 5560, que exige una cobertura del 10 %, dejando una brecha descubierta de más de RD$2.3 millones.

Frente a estos señalamientos, el exministro Roberto Fulcar argumentó en su descargo que diversos análisis e informes fueron remitidos posteriormente y que las bitácoras no se exigieron por la naturaleza de los trabajos; además, defendió que las pólizas fueron admitidas administrativamente sin observaciones en su momento. Pese a estas explicaciones, la CCRD ratificó los hallazgos tras determinar que la documentación continuaba incompleta y que se vulneró el marco normativo.

El órgano de fiscalización exhortó a las actuales autoridades de Educación a robustecer los controles internos en sus áreas de infraestructura y jurídica, finalizar la regularización de las obras pendientes y advirtió que los servidores públicos involucrados en estos incumplimientos podrían comprometer su responsabilidad administrativa en virtud de la Ley 10-04.