Un informe de auditoría emitido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana expuso irregularidades contables y de manejo tributario en el Ministerio de Educación (Minerd) durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022. Las pesquisas del órgano de control detectaron fallas directas en la retención impositiva en contrataciones y servicios básicos, así como aplicaciones erróneas de gravámenes que debieron estar exentos.

Millonaria omisión en facturas eléctricas

El expediente fiscalizador detalla que la institución estatal desembolsó pagos por consumo de energía eléctrica sin efectuar la correspondiente retención del 5 % del Impuesto sobre la Renta (ISR), un procedimiento estipulado por las normas tributarias vigentes. Esta omisión acumuló un total de RD$3,719,314 que no fueron debitados por la administración en su debido momento.

Al responder a la observación, el entonces ministro de Educación, Roberto Fulcar, alegó que el caso no provocó ningún detrimento económico ni pérdidas de recaudación para el Estado dominicano. Fulcar argumentó que las empresas suplidoras declararon a tiempo la totalidad de sus ingresos y completaron sus obligaciones fiscales con normalidad. Sin embargo, el equipo técnico de la Cámara de Cuentas rechazó estos descargos, concluyendo que la documentación aportada no ofreció las evidencias competentes y suficientes para desestimar la falta, por lo que la observación quedó ratificada en el informe final.

Retenciones incorrectas de ITBIS en insumos tecnológicos

El órgano auditor también constató deficiencias en la gestión de compras de equipos tecnológicos. De acuerdo con el reporte, el Minerd aplicó indebidamente una tasa de retención del 30 % de ITBIS en adquisiciones de monitores, por un monto que asciende a RD$309,898, a pesar de que dicha operación gozaba de exención conforme a la legislación fiscal aplicable.

Frente a esta observación, la defensa de la anterior gestión argumentó haber actuado con diligencia y haber solicitado el respaldo técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para depurar los procesos operativos. Pese a este alegato, los auditores concluyeron que los soportes presentados en la réplica no subsanaron el error contable, dejando la observación inalterable en el expediente definitivo.