El Tribunal Constitucional (TC) dictó dos nuevas sentencias mediante las cuales penaliza a cuatro instituciones gubernamentales por incurrir en desacato flagrante ante órdenes judiciales previas. Las sanciones conminatorias impuestas, denominadas astreintes, suman en total RD$1,470,000.00 a favor de dos ciudadanos cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados por la inacción de la administración pública.

La Policía Nacional sancionada por retención de documentos

En la primera decisión, contenida en la sentencia TC/0844/26, la Alta Corte falló a favor del ciudadano Isidro Díaz Rosario y condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000.00. La institución armada omitió cumplir con la sentencia TC/1104/24 del 30 de diciembre de 2024, en la que se le ordenaba entregar de inmediato la documentación correspondiente a una investigación contra Díaz Rosario por supuesta deserción, además de remitir un informe detallado sobre el estado de su caso.

El órgano de garantías constitucionales había establecido una penalidad de RD$2,000.00 diarios por cada día de mora tras su debida notificación el 6 de junio de 2025. Tras evaluar la demanda de liquidación presentada en febrero de 2026, los magistrados determinaron 260 días de retraso injustificado, calificando el proceder del cuerpo del orden como una postura "reticente e irresponsable" que lesiona el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El monto continuará incrementándose hasta que se ejecute la entrega requerida.

Multa solidaria contra INABIMA, DGJP y el Ministerio de Hacienda

En el segundo dictamen (TC/0851/26), el TC sancionó de manera solidaria al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda con el pago de RD$950,000.00 a favor de la maestra jubilada Yolanda del Carmen Solís de Rosario.

La accionante demandaba la restitución efectiva de su pensión otorgada en 1992 bajo el Decreto 364-92. Pese a que la sentencia previa (TC/1463/25) fijaba un plazo de 30 días para transferir cotizaciones, reactivar el pago y saldar retroactivos desde agosto de 2021 bajo sanción de RD$10,000.00 diarios, las entidades demandadas dejaron transcurrir 95 días en completo silencio y sin acreditar cumplimiento. La deuda continuará corriendo de forma diaria hasta la ejecución plena del mandato.

Un llamado al respeto institucional

El pleno de jueces del Tribunal Constitucional reafirmó que todas sus decisiones poseen carácter definitivo, vinculante e irrevocable para los poderes e instituciones del Estado dominicano. El desacato reiterado de mandatos judiciales no solo socava la seguridad jurídica, sino que deja en indefensión a la ciudadanía, por lo que las astreintes operan como un mecanismo indispensable para frenar la negligencia burocrática.