Tras el operativo en el que las autoridades rescataron a 14 menores de edad en las instalaciones de la Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive, ubicada en el sector La Pared de Haina, provincia San Cristóbal, el ambiente en el lugar se mantiene bajo un clima de consternación, rezos y marcadas contradicciones entre sus miembros y los residentes del entorno.

Rechazo a las acusaciones de abuso infantil

Seneida Fernández, pastora del recinto y esposa del presidente de la entidad, Ángel Gabriel Capellán, rechazó de manera enfática las imputaciones sobre presunta explotación y agresiones físicas. La representante defendió la labor del centro argumentando que su único propósito era educar y corregir la conducta de los menores antes de reintegrarlos a sus familias, al tiempo que calificó como falsas las declaraciones que motivaron la intervención judicial.

Integrantes de la congregación presentes en las instalaciones respaldaron la postura de sus dirigentes, atribuyendo la situación a pruebas espirituales y asegurando que las denuncias no corresponden con la labor realizada en la sede comunitaria.

Evidencias y el operativo de rescate

La intervención de las autoridades se produjo luego de que un menor de 12 años lograra escapar del lugar y acudiera a un destacamento policial en Hatillo, San Cristóbal. El Ministerio Público, junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Departamento de Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional, ejecutó el allanamiento que concluyó con el rescate de 14 infantes y la detención de 13 adultos vinculados al caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima que alertó a las autoridades presentaba signos evidentes de violencia física, quemaduras en las manos e indicios de haber sido sometida a trabajos forzados. La vivienda de dos niveles donde operaba la entidad presenta techos de zinc, filtraciones, dormitorios con hacinamiento y letreros con rigurosas advertencias de conducta bajo preceptos religiosos.

Vecinos respaldan la intervención estatal

En contraste con el testimonio de los miembros de la iglesia, comunitarios de la calle Feliciano manifestaron alivio ante el cierre de las operaciones. Varios residentes expresaron que en el lugar se mantenían a los menores bajo condiciones infrahumanas y que la actividad de la institución generaba constante intranquilidad en la zona.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance penal de los hechos y la responsabilidad legal de los directivos del centro.