El proceso judicial que busca responsabilidades por la tragedia ocurrida en las instalaciones del Jet Set continúa desarrollándose bajo un ambiente de alta crispación. Durante la más reciente audiencia contra los hermanos Espaillat, las tácticas de la defensa provocaron el rechazo frontal de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del siniestro.

Fuertes señalamientos a la defensa técnica

José María Llorente, uno de los sobrevivientes de la catástrofe que cobró la vida de 236 personas, cuestionó enérgicamente el proceder del abogado Jorge Luis Polanco, miembro del equipo de defensa técnica de los imputados. A juicio de Llorente, el comportamiento del jurista en el tribunal sobrepasó los límites del debate legal y terminó desarticulando el curso regular de la sesión judicial.

El afectado describió que Polanco mantuvo una actitud confrontativa no solo con las partes querellantes, sino también con el propio tribunal y los peritos convocados. Según su relato, el togado increpó directamente al magistrado a cargo del caso y desafió al especialista técnico, tildando sus testimonios de falsos en plena audiencia.

Denuncian supuesto trato preferencial en la sala

La indignación de los presentes creció ante la aparente tolerancia mostrada hacia las intervenciones del letrado. Llorente contrastó el trato recibido por las partes al afirmar categóricamente: «Si hubiese sido cualquiera de nosotros, lo hubiesen sacado hace rato», dejando entrever su descontento por lo que percibe como un desbalance en el rigor disciplinario dentro de la sala de audiencias.

Las secuelas de una tragedia imborrable

Más allá de las fricciones procesales, el sobreviviente rememoró el dolor de quienes sufrieron el desplome mientras participaban en una noche de esparcimiento. Con visible pesar, recordó que los asistentes acudieron al establecimiento con la simple intención de compartir y divertirse, encontrándose en cambio con una desgracia de magnitudes históricas.

«Lo único que salimos fue afectados para toda la vida», concluyó Llorente, sintetizando el clamor colectivo de decenas de familias dominicanas que exigen un proceso judicial transparente, respetuoso y apegado a la justicia.