Los trabajos de intervención y acondicionamiento en la cañada del sector El Embrujo, desarrollados por la Alcaldía de Santiago, continúan su curso a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuenta con registros de solicitudes, evaluaciones ni autorizaciones vigentes que avalen formalmente la ejecución de dicha obra.

Una respuesta oficial emitida por la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de la cartera ambiental confirmó que, tras una exhaustiva búsqueda en sus archivos físicos y plataformas digitales, no reposa ningún expediente administrativo, licencia o evaluación de impacto ambiental relacionada con el proyecto denominado “Saneamiento Cañada Tramo: El Embrujo, Santiago”.

Entre la necesidad comunitaria y la falta de permisos

El titular de la Dirección Provincial de Medio Ambiente en Santiago, Wilton Velásquez, reconoció que este tipo de intervenciones de alto impacto exigen estudios previos y tramitaciones rigurosas, muchas de las cuales deben gestionarse directamente ante la sede central en Santo Domingo. "Para eso se hacen estudios y solicitan su permiso. No puede intervenir ahí sin un permiso", remarcó el funcionario.

No obstante, Velásquez explicó que el propósito medular del cabildo es sanear un afluente que por décadas sirvió como vertedero improvisado y foco de contaminación, asimilando estas labores a los trabajos de viabilización sanitaria que efectúan entidades estatales como el INAPA para elevar la calidad de vida de los vecinos.

Alarmas por deforestación y rigor legal

A pesar de que la comunidad reconoce la urgencia de erradicar la insalubridad y encauzar las aguas negras, la deforestación en el área ha desatado fuertes críticas. La ecologista Belkis García advirtió que la remoción de árboles y la reducción de las zonas verdes comprometen el microclima urbano y la biodiversidad local.

"Lo que hay que hacer es encauzar esas aguas residuales por donde van. El impacto se verá reflejado en el cambio de la temperatura del entorno", puntualizó García tras inspeccionar el área afectada.

Desde la perspectiva jurídica, el abogado ambientalista Winston Vásquez subrayó que los gobiernos locales están obligados a someterse a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), cuyos artículos 38 al 46 pautan los mecanismos de Declaración o Estudio de Impacto Ambiental previo a modificar cauces o intervenir ecosistemas. Vásquez advirtió que operar al margen de estos requerimientos expone a los ejecutores a sanciones administrativas, civiles o penales.

El escenario actual sitúa a las autoridades municipales frente al reto de transparentar de inmediato la documentación técnica que sustenta la obra, clarificando ante la ciudadanía y los órganos reguladores el marco legal bajo el cual se ejecutan las labores en El Embrujo.