El sistema judicial de San Cristóbal conoce este jueves la solicitud de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, alias «El Pastor», y su presunto colaborador Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Ambos enfrentan graves acusaciones por someter a catorce menores de edad a condiciones de servidumbre, maltrato físico severo y explotación en un establecimiento ubicado en el municipio de Bajos de Haina.\n\nEl Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de prisión preventiva para los imputados, señalando la comisión de delitos tipificados bajo la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Ley 136-03 que resguarda el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.\n\n## Denuncias de castigos inhumanos y explotación\n\nDe acuerdo con las indagatorias preliminares del órgano persecutor, los catorce niños, niñas y adolescentes rescatados en el predio vivían bajo un régimen de constante violencia. El expediente judicial describe que los menores eran sometidos con frecuencia a golpizas, quemaduras, privación de alimentos y extenuantes jornadas de trabajo físico forzado dentro de las instalaciones.\n\nLos cargos formulados atribuyen a Capellán y a Muñoz Rodríguez una conducta sistemática de tortura física y psicológica, valiéndose de la vulnerabilidad de las víctimas para imponer castigos degradantes al margen de toda legalidad.\n\n## Operación al margen de la ley y desacato a CONANI\n\nLas investigaciones revelan además que la entidad pantalla empleada por los imputados, denominada Fundación Restaurando Vida («Un Muerto que Revive»), operaba en total clandestinidad y sin los permisos requeridos por el Estado dominicano para fungir como hogar de paso o centro de acogida infantil.\n\nDurante las pesquisas y allanamientos practicados en la propiedad de Bajos de Haina, las autoridades incautaron una notificación oficial del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) fechada el 30 de octubre de 2020. Dicha resolución ordenaba la suspensión inmediata de las actividades del recinto, prohibía el ingreso de nuevos infantes y demandaba el inicio inmediato de un proceso de reinserción familiar para los menores entonces albergados, directriz que fue deliberadamente ignorada durante años.