En un esfuerzo estratégico por cerrar el cerco a las estructuras criminales en la región, la Procuraduría General de la República (PGR) de la República Dominicana y la Fiscalía General de la Nación de Colombia formalizaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). El acuerdo fue suscrito por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo Garzón, contando con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este mecanismo bilateral está enfocado en combatir delitos de alta complejidad como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el crimen organizado transnacional, la corrupción y los delitos económicos. A través de este instrumento, los fiscales de ambas naciones podrán intercambiar elementos probatorios en tiempo real, ejecutar diligencias procesales conjuntas y coordinar operativos directos sin dilaciones burocráticas.

Un plan operativo con foco en la dignidad humana

Durante el acto de formalización, Reynoso subrayó que el convenio incluye un plan de acción inmediato, destacando que para el Ministerio Público dominicano erradicar la trata de personas —especialmente con fines de explotación sexual— es una prioridad institucional indeclinable.

“El delito de la trata de personas lacera profundamente la dignidad de las personas; su único fin es comercializar seres humanos bajo esquemas equivalentes a la esclavitud moderna. Esto exige un abordaje holístico y coordinado entre nuestros países”, sostuvo la procuradora, recordando que el país ya cuenta con un precedente exitoso en la materia mediante un ECI establecido previamente con Chile.

Rastrear las finanzas criminales

Por su parte, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, precisó que este representa el ECI número 18 establecido por su país con naciones firmantes de la Convención de Palermo. Camargo enfatizó la necesidad no solo de desarticular a los cabecillas de estas redes, sino también de atacar su músculo financiero.

“En delitos transnacionales la lucha debe sustentarse en la cooperación internacional y en seguir la ruta del dinero. Golpear las finanzas criminales es indispensable para debilitar su capacidad operativa”, puntualizó la fiscal colombiana, señalando además el impacto de estas redes tanto en América Latina como en territorio europeo.

Respaldo normativo internacional

La conformación del ECI se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Colombia en 2004 y por la República Dominicana en 2006. En el ámbito local, la iniciativa se apoya en el artículo 161 del Código Procesal Penal dominicano, que faculta al Ministerio Público a articular investigaciones binacionales bajo el debido control jurisdiccional.