Operativo bajo cuestionamiento legal

El accionar de las autoridades ambientales vuelve a estar en el centro del debate público tras la denuncia de una familia cuya edificación, ubicada en las proximidades del río Maimón, fue demolida recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con los afectados, la intervención estatal se ejecutó sin presentar una orden judicial, sin preaviso y sin otorgar la oportunidad de ejercer el legítimo derecho a la defensa.

Mientras la institución ambiental sostiene que la estructura se encontraba dentro de la franja de protección del afluente, los propietarios aseguran que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades procesales. El hecho ocurre en el marco de una serie de operativos recientes desplegados por las autoridades para intervenir villas e infraestructuras levantadas en márgenes fluviales a nivel nacional.

El impacto humano y las alegaciones técnicas

A través de una carta pública, los denunciantes expusieron la difícil situación que atraviesa su núcleo familiar, señalando que la vivienda representaba el esfuerzo de décadas de trabajo de unos padres dedicados al comercio informal para brindar un espacio de descanso a una anciana de 95 años.

En el plano técnico, la familia argumentó que la justificación utilizada para la demolición se redujo a una supuesta diferencia de tres metros con relación a la normativa de elevación sobre el río. Aseguran que se trataba de una variación menor que no ponía en riesgo el cauce ni la seguridad del entorno, y cuestionaron que, en vez de ordenar adecuaciones o seguir la vía legal correspondiente, se optara por la destrucción inmediata de la estructura.

Exigen investigación de la Procuraduría

Los afectados también criticaron lo que consideran una aplicación selectiva de la ley por parte de los organismos fiscalizadores. Según explicaron, denuncias previas interpuestas por ellos contra terceros por intervenir el cauce del río y pavimentar un badén fueron ignoradas, mientras que la acción contra su propiedad se ejecutó con notable celeridad.

Ante este panorama, la familia solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) la apertura de una investigación exhaustiva e imparcial para establecer responsabilidades, determinar si existieron presiones o intereses particulares detrás del desalojo y garantizar que se siente un precedente a favor del debido proceso en la República Dominicana.