El Ministerio Público presentó de manera formal la acusación y solicitó auto de apertura a juicio en contra de nueve personas vinculadas a una presunta red de criminalidad organizada transnacional. El grupo, desarticulado en el marco de la denominada Operación Leopardo, está imputado por tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego de alto calibre y asociación de malhechores.

El expediente, depositado ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, imputa directamente a Moisés Severino Inirio (alias "el Flaco"), señalado como el presunto coordinador logístico principal; Pedro Luis Cordero Espinal, presunto articulador internacional; y Daniela Sthefany Amancio Olaverría, a cargo de aspectos financieros y operativos. El listado de acusados lo completan José Ignacio de Jesús Mota ("el Gordo"), Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Néstor Julio Rodríguez Robles, así como los extranjeros Antun Mrdeza ("Nikolas Boros") y Mioara-Sanda Burcina.

Ruta internacional y decomisos millonarios

Las indagatorias establecen que los cargamentos de narcóticos provenían de Colombia e ingresaban a territorio dominicano a través de costas y parques nacionales como Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Luego de ser transportada por tierra, la droga era acopiada en villas turísticas, fincas y locales comerciales de la región Este antes de ser despachada en lanchas rápidas y yates privados hacia Puerto Rico, con destino final en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Dentro de las incautaciones vinculadas a esta estructura sobresalen dos grandes golpes: la interceptación el 25 de abril de 2025 de 993 paquetes de cocaína (1,027.15 kg) a bordo de la embarcación Lucifer en Cap Cana, y el decomiso de otros 666.27 kg durante 17 allanamientos simultáneos realizados en octubre de ese mismo año, totalizando 1,693.42 kilogramos de cocaína asegurados.

Esquema de blanqueo: "pitufeo", hawala y criptomonedas

El análisis financiero incorporado en la acusación documenta movimientos ilícitos por más de RD$258.8 millones y US$1.6 millones. Para lavar estos fondos, la red presuntamente implementó esquemas de fraccionamiento de depósitos ("pitufeo"), empresas de fachada, el sistema informal hawala, transacciones sobrevaluadas en bienes raíces y el uso de criptoactivos, específicamente la stablecoin USDT a través de la red TRC20.

Ante este panorama, el órgano persecutor solicitó el decomiso formal de múltiples bienes de origen ilícito, entre los que figuran una villa de lujo en Cap Cana valorada en más de US$820,000, un apartamento en la Torre Emporium en Santo Domingo, propiedades en La Romana y San Rafael del Yuma, así como las embarcaciones Beto III, Fish On y Lucifer. Asimismo, se busca incautar dinero en efectivo (US$154,800 y RD$927,000), una flotilla vehicular y un arsenal que incluye escopetas, pistolas y un fusil calibre 5.56.

El caso es impulsado de forma conjunta por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el respaldo operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA).