El inicio de un nuevo año escolar transcurre con una ausencia desgarradora en la comunidad de Imbert, Puerto Plata: la pequeña Brianna Genao González, de tres años, cumplió ocho meses desaparecida sin que los organismos de seguridad ni la justicia dominicana ofrezcan respuestas concluyentes sobre su paradero.

Su madre, Yessica González, mantiene viva la exigencia de justicia a través de las plataformas digitales y medios locales, preservando intactas las pertenencias y juguetes de su hija. "Nunca dejaré de buscarte, mi niña. Tu mami sigue aquí, esperándote y luchando por ti cada día", reiteró la progenitora, decidida a no permitir que el expediente pase al olvido social.

Un expediente lleno de contradicciones y silencios

La última vez que se vio a Brianna fue el 31 de diciembre, mientras jugaba con otros menores cerca de la vivienda de su abuela. Tras alertar a las autoridades, se activaron despliegues de búsqueda aérea y terrestre que contaron incluso con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la posterior emisión de una alerta amarilla por parte de la Interpol.

A pesar de la gravedad del hecho, el proceso judicial ha estado marcado por la frustración de los familiares. En las primeras fases de la investigación, el tío de la menor, Rafael Reyes Núñez Rosario, llegó a confesar que había abusado de la niña y sepultado su cuerpo, asegurando luego desconocer el lugar exacto de los restos; tiempo después, modificó su testimonio ante los medios. Tanto él como otros parientes detenidos inicialmente fueron puestos en libertad, dejando el caso sin un solo imputado bajo custodia hasta la fecha, una decisión catalogada como "injusta" por su abuelo, Braulio González.

La deuda pendiente con el sistema de Alertas RD

El drama de Brianna no es un hecho aislado. Su nombre engrosa una preocupante lista de menores desaparecidos en distintas demarcaciones del país, como Roldany Calderón, Abraham Báez Carrión, Yodalis Luciano, Wilbert Céspedes Montero y Miguel Abreu Félix.

Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 25-26, normativa que crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Alertas RD) e instaura mecanismos específicos como la Alerta Amber para menores de edad, los familiares y defensores de derechos ciudadanos señalan que aún no se perciben avances operativos contundentes que transformen estos protocolos en herramientas verdaderamente eficaces para resolver estos casos en tiempo récord.