El Ministerio Público depositó formalmente la solicitud de apertura a juicio en contra de Ángel del Pino Cuya, también conocido bajo la identidad de Ricardo Casas, a quien se le atribuye haber desencadenado una grave situación de emergencia al emitir una falsa amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El requerimiento fue presentado ante la coordinación de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este por un equipo de fiscales integrado por Andrés Mena, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a Felbelys Rosario y Ana Sánchez. Al procesado se le imputan violaciones directas a la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como a la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo.

Caos operativo en el espacio aéreo

De acuerdo con la investigación penal, el suceso ocurrió el 6 de enero cuando el encartado realizó una llamada telefónica advirtiendo sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo a bordo del vuelo CM-299 de Copa Airlines. La alerta forzó la interrupción inmediata de las operaciones aeronáuticas, obligó a la aeronave a retornar en pleno vuelo y provocó el desvío de múltiples viajes hacia otras terminales aéreas, además de activar los mecanismos de contingencia interinstitucionales.

El imputado cumple actualmente medida de coerción consistente en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

Pruebas tecnológicas y peritaje de voz

El órgano persecutor fundamentó su acusación en un robusto compendio de pruebas periciales, electrónicas y documentales. Entre las piezas centrales destaca la grabación preservada y transcrita de la llamada gestionada a través de la plataforma Amazon Connect hacia el centro de atención de Aerodom, corroborada con certificaciones de telefónicas locales que rastrearon el origen de la llamada.

El expediente también incluye informes técnicos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia. Asimismo, el análisis forense practicado al teléfono celular incautado al acusado reveló metadatos coincidentes con la llamada, mientras que un peritaje de acústica forense realizado por la Policía Científica certificó científicamente que la voz del audio corresponde a la del procesado.