En un balance sobre el régimen disciplinario y los retos del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, dio a conocer que durante su gestión alrededor de diez jueces han sido destituidos y desvinculados de la carrera judicial tras comprobarse faltas graves en sus funciones.

El magistrado enfatizó que la aplicación del régimen sancionador se ejecuta bajo un riguroso apego a las garantías y derechos fundamentales de los investigados, evitando que los procesos degeneren en linchamientos públicos o sean objeto de presiones políticas.

Reformas al régimen disciplinario

Entre las transformaciones aplicadas dentro de la institución, Molina subrayó la erradicación de la suspensión provisional sin disfrute de sueldo para los jueces que enfrentan indagatorias, considerándola una vulneración al debido proceso. Asimismo, destacó la prohibición de intervenir comunicaciones telefónicas en indagatorias estrictamente administrativas, catalogando esta práctica como una intromisión indebida a la intimidad personal.

Cuando las pesquisas disciplinarias arrojan indicios de naturaleza penal, los expedientes son remitidos de inmediato al Ministerio Público, órgano que conserva la potestad exclusiva de determinar si procede someter una acusación formal ante las instancias jurisdiccionales.

Menos del 1 % incurre en inconductas

A pesar de las desvinculaciones registradas, el titular de la SCJ puntualizó que los funcionarios judiciales investigados o sancionados representan menos del 1 % de la matrícula de jueces del país, reivindicando el compromiso ético y la dedicación de la inmensa mayoría de los servidores de la judicatura dominicana. Resaltó de igual forma el desempeño y las mejoras institucionales alcanzadas en departamentos judiciales del interior, como Barahona, La Vega, Montecristi y San Juan.

Descongestión judicial y prisión preventiva

Abordando los desafíos estructurales de la justicia dominicana, Molina advirtió sobre la saturación procesal derivada de llevar casi la totalidad de los diferendos a juicio de fondo. Planteó que el sistema procesal penal debe plantearse como meta resolver entre un 90 % y 95 % de los litigios mediante salidas alternas y acuerdos oportunos entre las partes, reservando la fase de juicio oral únicamente para los casos de alta complejidad o gravedad.

Para el magistrado, un cambio de enfoque concertado entre los jueces, el Ministerio Público y la Defensa Pública no solo agilizaría los trámites, sino que permitiría reducir de forma drástica el hacinamiento cautelar, devolviéndole a la prisión preventiva su carácter estrictamente excepcional. De igual modo, cuestionó la celebración de vistas orales innecesarias destinadas solo a la entrega de documentos procesales, sugiriendo que litigios documentales —como los ventilados en la jurisdicción contencioso-administrativa— puedan dirimirse por la vía escrita con mayor eficiencia.