Con abundante tierra fértil, clima cálido, lluvias regulares y una población que ronda los nueve millones de habitantes, Cuba reúne teóricamente todas las condiciones para garantizar su propia seguridad alimentaria. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es alarmante: el país importa cerca del 80% de los alimentos que consume, destinando anualmente más de 2.400 millones de dólares a estas compras, en un contexto donde las arcas públicas carecen prácticamente de divisas.

En los últimos cinco años, el desplome de la producción nacional ha alcanzado cifras críticas. Estadísticas recientes confirman caídas drásticas: la producción de carne de cerdo se redujo en un 95%, el arroz cayó un 87%, los frijoles un 70% y la leche fresca un 58%. Esta parálisis productiva ha desabastecido los mercados estatales, disparado la inflación en los comercios informales y dejado a la tradicional libreta de racionamiento incapaz de cubrir las demandas nutricionales mínimas de los hogares.

Las raíces estructurales y el monocultivo del azúcar

El origen de este déficit no es reciente. Durante más de un siglo, la economía agrícola cubana dependió de un esquema de monocultivo azucarero, intercambiando azúcar en mercados preferenciales primero con Estados Unidos y posteriormente con la Unión Soviética a cambio de hidrocarburos, maquinaria, fertilizantes y alimentos procesados. Tras el colapso del bloque soviético en 1991, la industria azucarera entró en un declive irreversible, pasando de generar 8,5 millones de toneladas anuales a menos de 150.000 toneladas en las últimas cosechas, obligando al país a importar incluso azúcar para su consumo básico.

El sistema tampoco logró consolidar una transición eficiente hacia cultivos diversificados. La intervención estatal estructurada mediante la empresa estatal de acopio continúa imponiendo topes de precios desfasados de la inflación real y cuotas de entrega obligatorias, lo que desincentiva al agricultor. Aunque el 80% de los alimentos se genera en el sector cooperativo y privado campesino, el 79% del suelo agrícola continúa bajo propiedad del Estado, entregado bajo esquemas de usufructo que restringen la autonomía comercial, la transferencia y la inversión a largo plazo.

Descapitalización, apagones y falta de insumos

El campo cubano sufre un deterioro severo en su infraestructura productiva. De acuerdo con registros oficiales, apenas el 7% de la superficie cultivable dispone de sistemas de riego operativos y la maquinaria agrícola arrastra décadas de obsolescencia. Durante los últimos años, el gasto gubernamental priorizó fuertemente el desarrollo hotelero e inmobiliario vinculado al turismo —que concentró más del 37% de la inversión estatal— frente a un marginal 2,7% asignado al sector agropecuario.

A este cuadro se suman factores externos y coyunturales determinantes: las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses, la crisis energética marcada por constantes apagones que detienen el bombeo de agua y la refrigeración, el impacto de fenómenos climáticos y una notable merma de mano de obra generada por la ola migratoria que ha visto salir a más de dos millones de ciudadanos en años recientes.

Aunque las autoridades han anunciado paquetes de medidas para flexibilizar la tenencia de la tierra, autorizar importaciones directas de insumos a ciertas cooperativas y abrir el campo al capital foráneo, analistas y productores coinciden en que sin reformas estructurales profundas que liberen plenamente las fuerzas de mercado y canalicen recursos reales al campo, revertir la crisis alimentaria seguirá siendo una meta lejana.