El panorama judicial en Ecuador alcanza un punto decisivo. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló la audiencia para dar a conocer la sentencia definitiva en el denominado juicio del caso Sinohydro, en el cual figura como principal señalado el expresidente Lenín Moreno, acusado del delito de cohecho durante su etapa como vicepresidente de la República.

El proceso también involucra de manera directa a su esposa, Rocío González, a su hija, Irina Moreno, al exembajador chino Cai Runguo y a más de una decena de imputados. El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de seis años y seis meses de prisión para una veintena de procesados, sumado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la pérdida de derechos de participación política, multas económicas y una reparación integral al Estado ecuatoriano.

La trama de sobornos y el proyecto Coca Codo Sinclair

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la empresa estatal china Sinohydro habría desembolsado cerca de 76 millones de dólares en coimas destinadas a asegurar contratos para la edificación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la obra energética más ambiciosa de la nación suramericana, con una capacidad de generación de hasta 1,500 megavatios.

La Fiscalía sostiene que Moreno y su entorno familiar habrían captado presuntamente más de un millón de dólares. De ese monto, unos 660,000 dólares habrían ingresado de forma ilícita mediante propiedades, mobiliario y transferencias que alcanzaron a sus hermanos, cuñadas y suegra. Por otra parte, la mayor porción de los sobornos, estimada en 44 millones de dólares, habría tenido como beneficiario al empresario Conto Patiño y a su entorno.

Argumentos de la defensa y origen del caso

Frente a estas imputaciones, el abogado defensor de Moreno, David Meza, ha reiterado que el exgobernante nunca tuvo un rol activo ni decisorio en los procesos de adjudicación o contratación con la firma extranjera.

El origen de este escándalo se remonta a 2019, tras revelaciones periodísticas que destaparon movimientos financieros en paraísos fiscales y la adquisición de bienes en Alicante, España, mediante estructuras vinculadas a la firma offshore INA Investment. La resolución judicial marcará un precedente de alto impacto político e institucional para la historia reciente de Ecuador.