El Instituto Duartiano elevó este lunes un enérgico reclamo a todo el espectro político dominicano, exhortando a las organizaciones partidarias —tanto tradicionales como emergentes— a definir con total claridad y ante la opinión pública cuáles son sus propuestas formales para encarar el problema de la inmigración irregular en el país.

El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad patriótica, advirtió que la institución lleva años alertando a los distintos estamentos estatales sobre los riesgos que implica tolerar la inaplicación de las leyes y permitir la permanencia de extranjeros que no logran comprobar su estatus legal en el territorio nacional. En ese sentido, Gómez Ramírez instó al Estado a arreciar los procesos de repatriación, poniendo especial énfasis en la desproporcionada presencia de ciudadanos haitianos indocumentados.

Pérdida de control territorial y orden público

Durante su comparecencia, el dirigente apuntó a demarcaciones específicas donde el control institucional se ha visto fuertemente erosionado. Señaló de forma directa a la comunidad de Friusa, ubicada en el sector de Bávaro del Distrito Municipal de Verón, calificándola como un espacio fuera del alcance efectivo de la autoridad dominicana.

Asimismo, Gómez Ramírez contextualizó la gravedad de la situación recordando las aglomeraciones registradas tras el reciente encuentro deportivo de fútbol disputado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se apreció una multitud que, a su juicio, representa una muestra tangible de la desbordada presencia indocumentada en el país, e invitó a las autoridades competentes a tomar medidas contundentes antes de que el escenario empeore.

Cumplimiento del Código Laboral y regulación escolar

En el ámbito productivo, el presidente del Instituto Duartiano recordó la vigencia estricta de los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo, normativas orientadas a la nacionalización del empleo que exigen que al menos el 80% de la nómina de cualquier empresa esté integrada obligatoriamente por mano de obra dominicana.

Por último, respecto al acceso a las aulas en los niveles básico, medio y universitario, Gómez Ramírez aclaró que el derecho a la educación debe estar sujeto a la presentación formal de documentos, tal y como se le exige de manera irrenunciable a los ciudadanos dominicanos. Sostuvo que, en caso de contemplarse medidas de apoyo para grupos extranjeros vulnerables, estas deberían encauzarse a través de programas de formación especiales y focalizados, emulando esquemas previamente ejecutados en zonas agrícolas del país.