El dolor y la frustración embargan a la familia Ramírez Reyes en Hato Mayor tras el fallo judicial emitido contra el propietario de la atracción mecánica donde perdió la vida una niña de 11 años. Los parientes catalogaron de inaceptable la decisión del Tribunal de Atención Permanente, que impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país al empresario Simón María Estévez Ramos, en lugar de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La tragedia se produjo la noche del viernes 18 de septiembre en el marco de las fiestas patronales de la provincia. Uno de los vagones del juego conocido popularmente como «La Estrellita» se desprendió a gran altura, provocando la caída al vacío de tres menores de edad, de las cuales dos son hermanas. Aunque una de las pequeñas logró amortiguar el impacto al quedar enganchada de la estructura, la víctima mortal sufrió lesiones irreversibles. El luto golpeó por partida doble al hogar, ya que poco después del siniestro también falleció la bisabuela de la menor, Francisca Inés González, sumiendo a los suyos en una profunda desolación.

Fuertes críticas al accionar judicial y municipal

Luís Ramírez, padre de la menor, alzó la voz para demandar una intervención directa del presidente Luis Abinader, de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y de los jueces de las altas cortes. Para el progenitor, el dictamen judicial no hace honor a la gravedad del hecho ni a la pérdida irreparable que atraviesan.

«Aquí hay gato entre macuto. ¿Cómo es posible que con todas las pruebas presentadas por los abogados, se coloque una garantía de un millón de pesos —que al final se traduce en cheles— mientras mi hija está en el cementerio y él viendo televisión en su casa?», cuestionó enérgicamente Ramírez.

El reclamo de los familiares no solo apunta a los administradores del parque móvil denominado Ciudad Mecánica, sino también al Ayuntamiento de Hato Mayor, a los inspectores técnicos y al Cuerpo de Bomberos. Argumentan que estas entidades fallaron en sus responsabilidades de supervisión y control preventivo antes de otorgar los permisos de operación de estos aparatos.

Calificación jurídica y proceso en curso

El fiscal a cargo del caso, Daniel Robles Nivar, tipificó preliminarmente el expediente como homicidio culposo, sustentado en el artículo 112 del Código Penal Dominicano. Dicho acápite sanciona las muertes provocadas por torpeza, imprudencia, negligencia o falta de observancia de los reglamentos. Bajo estos cargos, el imputado podría enfrentar penas de hasta cinco años de prisión correccional, además de posibles inhabilitaciones profesionales e indemnizaciones económicas.

A través de su representante legal, José Luis Rivera, la madre de la víctima —quien reside en el exterior junto al padre de la niña— insistió en que existió una «negligencia notoria» en el mantenimiento y la operación de la maquinaria. La defensa de la familia anunció que buscará apelar la decisión cautelar en procura de que se dicte una medida ejemplar que siente un precedente para la seguridad de este tipo de eventos públicos en todo el territorio nacional.