El Ministerio Público presentó ante los tribunales la solicitud de medida de coerción en contra de Ángel Gabriel Capellán, conocido como "El Pastor", y su presunto cómplice Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, tras destaparse un estremecedor caso de abusos sistemáticos contra al menos 14 menores de edad que permanecían retenidos en la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, ubicada en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal.

Evidencias de torturas y trabajo infantil

El expediente acusatorio detalla que la investigación inició luego de que un niño de 12 años, procedente de El Seibo y dejado al cuidado de Capellán por su madre, fuera evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tras una denuncia. El informe médico legal certificó múltiples lesiones en proceso de cicatrización con patrones de cinturón en la cara, extremidades y espalda, además de quemaduras de segundo grado en ambas manos.

Durante su entrevista psicológica forense, la víctima relató que no asistía a la escuela y que era forzada a realizar labores de carpintería y construcción. El menor describió crueles métodos de castigo, tales como permanecer de rodillas durante horas sosteniendo objetos pesados sobre la cabeza, arrodillarse sobre un guayo, encierros prolongados en solitario y días completos de privación de alimentos.

Allanamiento y clausura previa de CONANI

Tras obtener una orden judicial, las autoridades apresaron a Capellán y allanaron varios inmuebles vinculados al centro. En una de las viviendas ubicada en el sector El Carril, Los Solares, se rescató a nueve menores custodiados por dos mujeres, además de incautarse mochilas, uniformes, actas de nacimiento, documentos escolares y armas blancas. En las indagatorias figura Muñoz Rodríguez, señalado de haber transportado a varios de los niños en un vehículo Toyota Corolla beige para ocultarlos.

El órgano acusador determinó que el recinto operaba al margen de la ley, sin permisos para fungir como hogar de acogida. De hecho, entre las evidencias figura una notificación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) del 30 de octubre de 2020 que ordenaba el cese inmediato de operaciones de la fundación y la prohibición de ingreso de nuevos menores.

Solicitud de prisión preventiva

Frente a estos hechos, la fiscalía imputa a Ángel Gabriel Capellán violaciones graves contempladas en la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas por trabajo y servicio forzado, atribuyendo complicidad a Muñoz Rodríguez. Debido a la gravedad del cuadro delictivo y el evidente peligro de fuga, el órgano persecutor solicitó que se dicte prisión preventiva como medida cautelar.