En cuestión de semanas, el sistema penitenciario dominicano ha quedado bajo fuego cruzado tras una seguidilla de incidentes críticos: evasiones insólitas en recintos militares, reyertas armadas tras requisas, reclusos heridos y decesos bajo circunstancias sospechosas. Entre fugas durante partidos de baloncesto y requisas que culminan en tiroteos de perdigones, la seguidilla de hechos revela tensiones estructurales profundas que sobrepasan la simple indisciplina carcelaria.

Un sistema al límite de su capacidad física y judicial

El meollo del problema radica en una sobrepoblación crónica reconocida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Con una infraestructura nominal concebida para albergar a cerca de 16,000 reclusos, la población penitenciaria sobrepasa los 25,200 internos, arrojando un excedente superior a las 9,000 personas. A esta asfixia de espacio se suma un cuello de botella jurídico alarmante: casi 17,000 de los privados de libertad se encuentran bajo prisión preventiva, lo que significa que dos de cada tres reclusos todavía esperan una condena definitiva de los tribunales.

Esta sobrepoblación presiona de forma crítica la alimentación, la atención médica, los traslados y, sobre todo, la capacidad del personal para ejercer autoridad sin recurrir a la fuerza. En recintos como el CCR-XII La Isleta, en Moca, una requisa de inteligencia derivó en un enfrentamiento violento que dejó cuatro internos heridos. Al mismo tiempo, en la Fortaleza Juana Núñez de Salcedo, un recluso apodado "La Rabia" saltó una pared durante una actividad deportiva sin que las autoridades hayan confirmado su recaptura, mientras que en el CCR-15 Cucama de La Romana, el reo Bryan Joseph Guerrero resultó herido de bala en una pierna durante un alegado intento de evasión.

Corrupción sistémica y el pulso por el control interno

Desde la DGSPC se argumenta que estos disturbios responden a una confrontación directa contra redes de corrupción enquistadas históricamente en los penales. El organismo ha confirmado que durante el primer semestre del año se ejecutaron más de medio centenar de cancelaciones, sometimientos a la justicia y apresamientos de personal de custodia implicado en el ingreso de drogas, teléfonos celulares y cobro de privilegios.

Esta pugna por restablecer el orden legítimo también ha repercutido en el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, diseñado para descongestionar y eventualmente clausurar la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Aunque ya alberga a más de 2,500 internos trasladados, el complejo moderno no ha sido inmune a las viejas costumbres carcelarias: en junio registró un motín tras el decomiso de narcóticos, y más recientemente se abrió una investigación por el fallecimiento de Juan Carlos Peralta, de 30 años, luego de que sus familiares denunciaran supuestas golpizas previas a su deceso.

Más allá del cemento: salud mental y reforma integral

La convivencia de dos modelos —antiguas fortalezas militares y los modernos centros de rehabilitación— mantiene en vilo la seguridad ciudadana. Si bien el Estado ejecuta un plan plurianual para levantar 19 nuevos recintos, expertos y autoridades coinciden en que construir muros más altos no soluciona el trasfondo. Factores como la salud mental, el tratamiento de adicciones en reclusos habituados al consumo y el estricto saneamiento institucional son asignaturas pendientes para evitar que las penitenciarías sigan siendo una bomba de tiempo.