En el transcurso de los últimos dos años, la lucha contra el crimen organizado en la República Dominicana ha registrado importantes avances judiciales a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). Las investigaciones y operativos estratégicos han permitido sentar en el banquillo de los acusados a cabecillas de redes dedicadas a la captación, sometimiento y explotación sexual de mujeres y menores de edad, logrando sentencias condenatorias que oscilan entre los cinco y quince años de reclusión.

Operación MC Girasoles: 15 años de cárcel para red extranjera

Uno de los casos más relevantes procesados recientemente corresponde a la denominada Operación MC Girasoles, ejecutada en junio de 2024. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a 15 años de prisión a los ciudadanos venezolanos Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, hallados culpables de trata de personas agravada bajo la modalidad de explotación sexual.

El dictamen judicial, emitido a unanimidad por las juezas Keila Pérez Santana, Arisleyda Méndez Batista y el juez Elías Santini Perera, incluyó una compensación económica de RD$500,000 para cada una de las víctimas afectadas. Los imputados fueron remitidos a cumplir sus penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Esclavitud sexual y engaños por plataformas digitales en el Sur

En la región sur del país, los tribunales elevaron las sanciones contra Juan Carlos Peña Nín (alias Moreno o Greydel Nín Matos), quien captaba mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica a través de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook. El procesado prometía supuestos empleos con pagos diarios de hasta US$300, pero trasladaba a sus víctimas a localidades de Barahona e Independencia para someterlas a violencia y explotación sexual continuada.

Aunque en primera instancia recibió una pena de 10 años, la Corte de Apelación de Barahona acogió un recurso del Ministerio Público y aumentó la condena a 15 años de prisión, tras ponderar la gravedad del daño psicológico y la multiplicidad de víctimas. Además, se le impuso una multa de 175 salarios mínimos del sector público y el pago de RD$250,000 de indemnización para cada una de las cinco denunciantes.

Protección de menores y casos en el Cibao

El sistema de justicia también logró condenas contundentes en el caso de la explotación sexual de una adolescente de 15 años en el Distrito Nacional. El Tercer Tribunal Colegiado impuso 15 años de cárcel a Valentina Made de la Rosa (Miosotis) y cinco años a Luciano Luis Batista (Chano), tras comprobarse su responsabilidad penal mediante informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y evidencias digitales presentadas por los fiscales litigantes.

Por otro lado, en la provincia Duarte avanza el proceso penal contra Wilson Yanet Then Cruz, propietario del establecimiento Wiljery Car Wash en San Francisco de Macorís. De acuerdo con las indagatorias de la PETT y la fiscalía local, el negocio presuntamente operaba como fachada para explotar sexualmente a cerca de una veintena de mujeres procedentes de diversas provincias. Actualmente, el imputado se encuentra bajo medidas cautelares que incluyen una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras se encamina el juicio de fondo.