El reciente rescate de 14 menores en Hatillo, San Cristóbal, ha destapado un patrón de reincidencia que las autoridades ya tenían en el radar. Hace exactamente un año, en septiembre, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) junto al Ministerio Público ejecutó un operativo inicial contra el mismo establecimiento que operaba bajo el nombre de “Fundación Restaurando Vida”.

En aquella primera intervención, las autoridades determinaron que los infantes habían sido entregados de manera voluntaria por sus propios familiares. Tras el rescate, los menores fueron devueltos a sus hogares bajo un esquema de seguimiento social, mientras que la fiscalía especializada en Niños, Niñas y Adolescentes emitió una amonestación formal y una prohibición estricta a Ángel Gabriel Capellán, de 69 años —conocido popularmente como “El Pastor” o “El Capellán”—, para que cesara de inmediato cualquier actividad vinculada a la custodia de menores.

Un cambio de nombre y el regreso a la clandestinidad

Pese a la advertencia judicial, el acusado reactivó sus operaciones agregando una frase reveladora a la denominación del centro: “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”. Según explicó la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Pérez Peña, la modificación del nombre reflejó el retorno a sus andanzas tras burlar las sanciones previas impuestas por la justicia.

El nuevo operativo se desencadenó gracias a la valentía e iniciativa de uno de los menores que se encontraba en el recinto, quien logró escapar y dar la voz de alarma a las autoridades, permitiendo así la liberación de otros 13 compañeros que permanecían bajo el control de Capellán.

Condiciones del recinto y seguimiento judicial

Las autoridades señalaron que la estructura física del lugar —una vivienda principal de dos niveles rodeada por varias casuchas secundarias— junto al respaldo de varios comunitarios del sector, facilitó que el imputado volviera a alojar menores sin levantar sospechas inmediatas de las fuerzas del orden.

Actualmente, el grupo de 14 menores se encuentra bajo custodia estatal recibiendo atención médica y evaluaciones psicológicas integrales, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en que los niños llegaron al lugar y determinar las responsabilidades penales de rigor.