El Poder Ejecutivo ha dado un giro estratégico en la defensa de los recursos naturales del país al clasificar formalmente como asunto de alta prioridad y seguridad nacional la persecución de cualquier agresión contra los parques nacionales y áreas protegidas. La disposición, consignada en el decreto 615-26, establece que los crímenes ecológicos serán procesados bajo la figura de terrorismo medioambiental, apoyándose en el marco jurídico de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

Durante el anuncio oficial, el presidente Luis Abinader advirtió que no habrá distinciones ni privilegios al momento de aplicar la ley y recordó que el nuevo Código Penal contempla condenas que alcanzan hasta los 20 años de privación de libertad para este tipo de delitos.

Persecución sin importar nacionalidad ni condición

El mandatario enfatizó que las autoridades castigarán por igual tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de los incendios provocados. Precisó que las investigaciones han revelado que muchos siniestros causados por extranjeros contaban con la complicidad o contratación de ciudadanos dominicanos.

"Si bien eran nacionales haitianos los que en su mayoría provocaban los incendios, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también. Entonces ambos van a sufrir la misma pena", subrayó el jefe de Estado, tras instruir al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Migración a coordinar patrullajes activos y capturas.

Titulación de tierras y resguardo de cuencas

Como parte de las medidas estructurales para salvaguardar el patrimonio ecológico, el Gobierno ejecuta un plan masivo para dotar de títulos de propiedad a nombre del Estado a todos los parques nacionales, remediando un vacío legal histórico en el que gran parte de estas áreas carecía de registro territorial formal.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, puntualizó que la ofensiva institucional también se concentrará en las cuencas fluviales. El ministerio, en conjunto con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia, intensificará la vigilancia en ríos para frenar de raíz la extracción indiscriminada de arena y agregados, un ilícito que atenta directamente contra la seguridad hídrica y la biodiversidad nacional.