El reciente rescate de trece menores en el sector La Pared, en el municipio de Haina, ha colocado en el centro del debate la evidente debilidad institucional para regular y vigilar los centros de acogida en el país. El caso que envuelve a la Fundación Restaurando Vidas, dirigida por Ángel Gabriel Capellán, conocido popularmente como “El Pastor”, no se descubrió mediante auditorías ni inspecciones preventivas del Estado, sino por el desesperado escape de una de sus presuntas víctimas.

La fuga que activó las alarmas

El detonante ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando un menor de 12 años logró evadir el perímetro de la propiedad y llegó por sus propios medios al destacamento policial de Hatillo. El relato del niño describió un cuadro alarmante: castigos corporales severos, quemaduras, privación recurrente de alimentos y jornadas forzadas de carpintería que le impedían asistir a la escuela.

Esta denuncia movilizó de urgencia a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal junto a la Dirección de Investigación de Trata y Tráfico de Personas. En el operativo, las autoridades intervinieron el recinto, detuvieron a Capellán e incautaron la custodia de 13 menores de edad que se encontraban en el establecimiento.

Un recinto bajo sospecha comunitaria

Ubicado al final de una calle rural rodeada de sembradíos de plátanos en el sector El Feliciano, el complejo —denominado formalmente Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto que Revive— operaba en estructuras rudimentarias de madera, zinc y una edificación de concreto sin controles perimetrales adecuados. Para los residentes de la zona, el constante flujo de niños, adolescentes y adultos en condiciones precarias siempre generó inquietud, aunque la falta de acceso directo impedía constatar lo que ocurría en su interior.

Frente a las acusaciones de agresión física, explotación laboral y trata infantil, el entorno cercano de Capellán niega los cargos. Su esposa, identificada como Zeneida, afirmó que los menores ingresaban por voluntad de sus propios progenitores debido a carencias económicas o problemas de conducta, y defendió que las áreas para varones y hembras estaban debidamente separadas. Incluso aseguró que representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) habían acudido al lugar en el pasado, lo que profundiza la interrogante sobre el tipo de fiscalización y seguimiento que realmente se aplicó.

Apoyo social frente al rigor procesal

Durante las audiencias preliminares en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, decenas de allegados, feligreses y beneficiarios de la congregación se manifestaron para reclamar la libertad de Capellán, atribuyendo su labor a un trabajo social y de rehabilitación comunitaria que el Estado no provee. De igual forma, varios padres confirmaron haber entregado a sus hijos para recibir sustento o educación ante la falta de cupos escolares y recursos.

No obstante, el Ministerio Público ha ratificado que la condición de vulnerabilidad de los niños y los presuntos abusos convierten a los menores en las víctimas directas del proceso penal, independientemente de que sus tutores presenten o no querellas formales.

El vacío de la habilitación legal

El proceso para el conocimiento de medidas de coerción fue reprogramado para que los peritos concluyan las evaluaciones psicológicas y físicas a los menores rescatados. Sin embargo, más allá del destino judicial de Capellán, el caso desnuda una preocupante falla del sistema: estar registrado como una entidad sin fines de lucro no otorga facultades sanitarias ni legales para operar como albergue infantil o centro de rehabilitación.

La permanencia prolongada de este tipo de espacios sin la debida licencia revela la desconexión entre los organismos de protección social, dejando desamparadas a poblaciones vulnerables hasta que una tragedia o una fuga logra romper el silencio.