El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta acusaciones por presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares en el marco del proceso judicial por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), presentó su renuncia formal como integrante del Ministerio Público, según confirmó su equipo legal encabezado por el jurista Valentín Medrano.

Cambio al tribunal ordinario

Con esta renuncia, Valdez Alcántara se despoja de manera automática de la prerrogativa de jurisdicción privilegiada que le correspondía por su condición de funcionario judicial. A raíz de este movimiento, el expediente pasó a la justicia ordinaria, quedando formalmente apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por la jueza Patricia Padilla, para dar seguimiento a la fase preparatoria del caso.

De acuerdo con la defensa técnica, este mismo tribunal será el encargado de conocer el juicio preliminar, pautado para el próximo mes de octubre bajo las normas del procedimiento común.

Cuestionamientos de la defensa

Los abogados defensores, Albert Delgado y Valentín Medrano, han reiterado sus reparos contra la investigación desarrollada por el órgano persecutor, alegando que durante las indagatorias se incurrió en faltas a los protocolos de actuación legal y al debido proceso exigido para los funcionarios que gozan de fuero judicial.

Actualmente, el exfiscal cumple una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, dictada previamente por la magistrada Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tras una audiencia que se prolongó por más de diez horas.

El trasfondo de la acusación

El expediente del Ministerio Público imputa a Valdez Alcántara haber recibido dinero en efectivo de manos de Roberto Canaán, testigo en la causa penal abierta por supuestas anomalías en el Senasa. Según el pliego acusatorio, el exfuncionario habría aprovechado sus vínculos e influencia operativa dentro del sistema judicial dominicano con la intención de intervenir en el rumbo de las investigaciones.