El equipo legal de Ángel Gabriel Capellán, alias “El Pastor”, salió al frente ante las graves acusaciones de presunto maltrato y explotación laboral infantil por las que es investigado en el municipio de Haina. Los representantes del imputado aseguraron que demostrarán su inocencia en los tribunales y afirmaron que los hechos imputados no corresponden con la realidad.

La postura de la defensa

Uno de los togados del imputado sostuvo con firmeza que los hechos señalados jamás ocurrieron y que las denuncias son producto de percepciones distorsionadas del proceso. Por su parte, el abogado Manuel Soto llegó a señalar que su representado, en lugar de enfrentar a la justicia, debería recibir un reconocimiento comunitario por la labor social que ha desempeñado con menores de edad en situación vulnerable.

Al referirse al testimonio que desató las pesquisas, Soto desestimó las declaraciones alegando que se trata de una reacción de indisciplina. Argumentó que muchos de los niños acogidos provienen de hogares monoparentales donde las madres, al verse desbordadas por conductas rebeldes, recurren a este tipo de instituciones para su encarrilamiento.

El Ministerio Público califica el caso como trata de personas

En contraste directo con los argumentos de la defensa, la representante del Ministerio Público, Fanny Garabito, formalizó la imputación bajo la tipificación jurídica de trata de personas con fines de explotación laboral infantil. El órgano persecutor solicitó ante el tribunal la imposición de tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Capellán, sustentando el peligro procesal y la gravedad del daño infligido.

El operativo y el rescate de menores

El caso trascendió a la opinión pública luego de que el pasado 28 de agosto un menor de 12 años lograra escapar del centro operado bajo el nombre de Fundación Restaurando Vidas. El testimonio del infante describió jornadas de castigos físicos extremos, quemaduras, privación de alimentos y la imposición de trabajos forzados.

A raíz de esta alerta, las autoridades judiciales y policiales intervinieron las instalaciones, logrando el rescate y puesta bajo custodia y protección de 13 menores de edad, al tiempo que se ejecutó la orden de arresto contra Capellán para someterlo a la acción de la justicia.