Bajo la fachada de un refugio espiritual y de oración, las instalaciones de la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, ubicadas en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal, ocultaban una severa trama de maltrato y explotación contra menores de edad. En el centro de este perturbador escenario destaca “El Monte Santo”, un complejo de cuevas donde las autoridades rescataron recientemente a 14 niños, niñas y adolescentes que vivían en condiciones inhumanas.

Estrictas reglas y precariedad en las cavernas

Al ingresar al denominado “Lugar Santo”, el contraste resulta sobrecogedor: colchones cubiertos con sábanas y abanicos evidenciaban la permanencia continua de personas dentro de la cavidad rocosa. La estancia en la cueva estaba sujeta a un riguroso código de conducta plasmado en letreros artesanales, los cuales exigían la prohibición absoluta de teléfonos celulares, guardar silencio extremo, no tocar las frutas de los huertos, abstenerse de escupir u orinar en el área y no rayar los bambúes circundantes.

Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público revelan que la devoción exigida encubría abusos sistemáticos. El expediente acusatorio detalla que los menores bajo custodia eran sometidos a golpizas constantes, quemaduras intencionales, privación de alimentos y extenuantes jornadas de trabajo forzoso.

Un refugio señalado por la comunidad

Vecinos de la zona de Bajos de Haina expresaron su alivio tras la intervención judicial, relatando que el lugar se había convertido en un foco de inquietud para la comunidad. Moradores aseguran que las cuevas eran frecuentadas no solo por seguidores del culto, sino también por individuos vinculados a actos delictivos que buscaban resguardo en la propiedad. A esto se sumaban las vigilias de madrugada marcadas por ruidos molestos, cánticos y oraciones a altas horas de la noche.

Operación clandestina y solicitud de prisión preventiva

Las pesquisas confirmaron que la fundación carecía de los permisos estatales exigidos para operar como hogar de acogida. De hecho, las autoridades ocuparon documentos oficiales del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), emitidos en octubre de 2020, que ordenaban la suspensión inmediata del centro, prohibían el ingreso de nuevos menores y exigían la reinserción familiar de los que allí permanecían, disposiciones que fueron ignoradas por los encargados.

Ante este panorama, la Fiscalía de San Cristóbal depositó la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra Ángel Gabriel Capellán, apodado “El Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Ambos enfrentan cargos por complicidad y violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas —en la modalidad de trabajo forzado—, así como transgresiones directas a la Ley 136-03 que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.