El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) desmintió categóricamente que realizara inspecciones periódicas en el centro “Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, ubicado en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal, donde las autoridades intervinieron recientemente para rescatar a un grupo de menores de edad.

La presidenta ejecutiva de la institución, Ligia Pérez Peña, calificó como totalmente falsas las declaraciones emitidas por la defensa legal del responsable del establecimiento. La funcionaria puntualizó que dicho espacio no contaba con la debida habilitación ni los permisos requeridos para operar como un centro de acogida o cuidado permanente de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual no formaba parte del circuito de supervisión ordinaria de la entidad.

Estado y evaluación de los menores rescatados

Tras el operativo conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, varios de los menores fueron reintegrados de inmediato con sus madres biológicas, quienes se encontraban presentes durante la intervención, mientras que los demás permanecen bajo la custodia y protección directa de Conani.

Actualmente, el equipo multidisciplinario del organismo somete a los niños a exhaustivas evaluaciones médicas, nutricionales y psicológicas para determinar el impacto físico y emocional de su permanencia en el lugar. Aunque las pesquisas están en una fase preliminar, Pérez Peña confirmó que el menor de 12 años que logró escapar presentaba señales visibles de maltrato, incluyendo quemaduras en sus manos.

Antecedentes y proceso judicial en curso

Las autoridades revelaron que este establecimiento ya había sido objeto de una intervención previa en septiembre de 2025. En aquella ocasión, los menores identificados fueron entregados a sus familias y se emitió una advertencia formal al encargado para que se abstuviera de albergar infantes de manera irregular.

La reapertura del caso se activó luego de que el adolescente de 12 años huyera del recinto y acudiera a un destacamento policial a denunciar la situación. A raíz de este testimonio, el Ministerio de Interior y Policía, encabezado por Faride Raful, junto a las instancias judiciales, profundiza una investigación orientada a determinar posibles delitos de maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas, presuntamente cometidos bajo la tutela de un individuo señalado como pastor o capellán.