La Corte de Apelación de Santiago confirmó los 18 meses de prisión preventiva dictados contra Luisa Yasiris Guzmán, vinculada a la presunta red de corrupción desmantelada bajo la denominada Operación Onco14. La imputada es esposa del empresario Héctor Lora Cruceta, señalado como pieza clave en las anomalías detectadas en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Al salir del tribunal, Guzmán manifestó su inconformidad ante los medios y denunció las dificultades financieras que enfrenta para costear su representación jurídica. “Señores, yo no tengo dinero ni para pagarles a los abogados”, sostuvo, al tiempo que rechazó haber tenido vínculos laborales o cobrado sueldos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa) o de la plantilla del centro médico. Asimismo, afirmó que su labor se limitaba a canalizar asistencia humanitaria para personas con cáncer y calificó el proceso como una cacería donde se buscan «chivos expiatorios».

La postura de la defensa jurídica

El abogado defensor de la encartada, Pantaleón Mieses, explicó que el tribunal de alzada optó por mantener la privación de libertad considerando la gravedad de las acusaciones y que el proceso investigativo se mantiene abierto. Mieses insistió en que su clienta contaba con arraigo suficiente para haber sido favorecida con una medida cautelar menos gravosa.

El togado argumentó que el Ministerio Público fundamenta su persecución en el lazo matrimonial de Guzmán con Lora Cruceta —quien fungía como director del instituto— y en su relación con la Fundación TÓCATE, organismo que presuntamente canalizaba recursos económicos de la entidad oncológica. En ese sentido, recordó que su defendida permanece en calidad de investigada y no de culpable, dado que el caso no ha alcanzado la fase de juicio de fondo.

Un esquema que golpeó la salud pública

El expediente del caso Onco14 involucra a varios exempleados y directivos del centro, entre ellos a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del IORC vinculada a la gestión contable de la entidad. De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados estructuraron un mecanismo fraudulento para desviar fondos públicos asignados a la cobertura de tratamientos para pacientes oncológicos de escasos recursos afiliados al régimen subsidiado, provocando un perjuicio económico millonario al Estado y a Senasa.