La audiencia de juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás implicados en el denominado caso Medusa, fue recesada este martes luego de que la imputada Altagracia Guillén presentara quebrantos de salud que obligaron a su traslado a un centro médico próximo a la sede judicial.

La interrupción procesal se dispuso momentos antes de que el tribunal iniciara el conocimiento de la solicitud de extinción de la acción penal promovida por la defensa técnica de Guillén, quien figura como la cuarta acusada dentro de un grupo de diez que han presentado este mismo pedimento. Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidieron esperar los resultados de la valoración médica para determinar si la imputada se encuentra en condiciones físicas de reincorporarse a la sala.

Incidentes procesales y debate sobre plazos

El reclamo de extinción planteado por los acusados se fundamenta en que el proceso ya rebasó el límite legal de cuatro años establecido por la normativa procesal penal vigente. Los abogados defensores sostienen que las demoras procesales no pueden ser atribuidas de forma exclusiva a los imputados, señalando además retrasos vinculados al órgano acusador, la voluminosa documentación del expediente y fallas técnicas en soportes digitales de evidencias.

Por el contrario, el Ministerio Público mantiene un firme rechazo a estas pretensiones, argumentando que la duración del trámite debe evaluarse de acuerdo con la alta complejidad y los constantes recursos e incidentes presentados por las partes a lo largo del litigio.

Rechazo a recursos previos

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto, el tribunal colegiado —integrado por las magistradas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto— rechazó por unanimidad la solicitud de extinción incoada por Jean Alain Rodríguez y otros coimputados, determinando que el tiempo transcurrido resultaba justificado y razonable conforme a la magnitud del caso. Frente a este dictamen, la defensa del exprocurador adelantó que recurrirá la decisión ante la Corte de Apelación tan pronto se dé lectura íntegra al fallo.

El expediente del caso Medusa, surgido tras el auto de apertura a juicio emitido en junio de 2024, involucra a 15 personas físicas y diversas personas jurídicas. El órgano persecutor les atribuye un presunto entramado de corrupción administrativa y desfalco al Estado dominicano por más de RD$6,000 millones durante el período 2016-2020.