Posible recalificación legal y cambio de tribunal

El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de la discoteca Jet Set podría experimentar un giro procesal determinante. La representación legal de varias de las víctimas contempla solicitar formalmente la variación de la calificación jurídica de los hechos, pasando del actual homicidio involuntario a la figura de homicidio voluntario por dolo eventual.

El abogado querellante Yan Carlos Martínez Segura explicó que esta modificación elevaría el marco penal hasta una condena de 20 años de prisión. De acogerse la solicitud, el tribunal unipersonal que actualmente conoce el expediente perdería la competencia sobre el caso, obligando a transferir el litigio a un tribunal colegiado, jurisdicción establecida para procesar delitos cuyas sanciones máximas superan los diez años.

Sustento legal y debate probatorio

La solicitud se fundamenta en el artículo 327 del Código Procesal Penal, mecanismo que permite la reclasificación de los cargos en pleno juicio de fondo, criterio respaldado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. La normativa también faculta al juez a advertir a los imputados sobre un posible cambio de tipo penal para garantizar su derecho a la defensa.

Para justificar este reclamo durante el desfile de pruebas, los querellantes deberán acreditar que los propietarios del establecimiento estaban al tanto de las fallas estructurales y riesgos existentes y, no obstante, continuaron operando la discoteca, asumiendo las consecuencias del desenlace.

Antecedentes de la tragedia y estado del juicio

El expediente se deriva del fatídico suceso ocurrido el 8 de abril de 2025, cuando el colapso del techo del emblemático recinto nocturno provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos. Paralelamente, el Ministerio Público sostiene su acusación basada en los artículos 319 y 320 del antiguo Código Penal, procurando la pena máxima dispuesta para dicha infracción.

La primera jornada del proceso concluyó ante el juez Franny González Castillo, quien dispuso el receso del juicio para reanudar las audiencias y los debates el próximo viernes 4 de septiembre.