El proceso judicial del denominado caso Camaleón, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sumó un nuevo capítulo procesal. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una intimación formal a la Oficina Nacional de Defensoría Pública para que designe representación legal a favor de la empresa imputada Impresor S.R.L., bajo la advertencia de que la inobservancia de esta disposición judicial podría derivar en acciones penales por desacato.

La decisión, tomada por mayoría de votos por el colegiado integrado por las magistradas Arlín Ventura (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, surge tras comprobarse que la coordinación de la Defensoría en la capital, encabezada por Ángela Maritza Ramírez, no ha provisto la asistencia legal requerida, a pesar de haber sido notificada formalmente el pasado 20 de agosto.

Aplazamiento de la audiencia y argumentos legales

En paralelo a la intimación, el tribunal dispuso el aplazamiento del juicio de fondo para el próximo 22 de septiembre a las 9:00 de la mañana. La prórroga fue motivada por la solicitud del defensor público Robert Encarnación, recién asignado a la defensa del imputado Manuel Eduardo Mora, quien argumentó no encontrarse en condiciones de litigar debido al voluminoso paquete de evidencias digitales que conforman el expediente.

Durante la sesión, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, recalcó que la postura institucional de la Defensoría vulnera mandatos judiciales expresos:

• Riesgo penal: Ortiz advirtió que rehusarse a acatar la orden abre la puerta a un proceso penal ordinario por desacato ante un tribunal competente, ilícito que contempla penas de hasta dos años de prisión.
• Postura del Ministerio Público: La procuradora de corte sostuvo que la solicitud del órgano acusador busca que la entidad enmiende el error y garantice que el juicio no continúe frenado por falta de representación técnica.

Voto disidente y deber de los litigantes

El fallo no fue unánime. La magistrada presidenta, Arlín Ventura, emitió un voto disidente al considerar que las resoluciones judiciales son de obligatorio cumplimiento inmediato y no admiten reiteradas intimaciones. Ventura planteó la separación del juicio respecto a Impresor S.R.L. para permitir que el debate avance sin dilaciones para el resto de los encartados, entre los que figuran el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).

Asimismo, el tribunal exhortó a los abogados que abandonan o transfieren defensas a cumplir con el mandato ético de traspasar oportunamente los soportes documentales y digitales a los nuevos defensores, garantizando así la celeridad del debido proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.