En un operativo coordinado por los organismos de protección estatal, trece menores de edad fueron rescatados de las instalaciones de la denominada “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, ubicada en el sector de Hatillo, provincia de San Cristóbal. Las autoridades intervinieron el recinto tras comprobarse que los niños eran víctimas de maltratos sistemáticos y explotación.

La alerta que desató la intervención fue dada por un menor que logró escapar de la propiedad y notificó de inmediato lo que ocurría en el interior del centro, el cual operaba en una estructura de dos niveles rodeada de varias edificaciones anexas en condiciones precarias.

Medidas de protección y acogida

Entre los afectados figuran dos parejas de hermanos con edades comprendidas entre los cuatro meses y diez años, quienes convivían en el lugar junto a sus madres. La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, explicó que diez de los menores quedaron bajo la custodia directa de la institución, mientras que los cuatro infantes restantes fueron reubicados en un centro de protección temporal junto a sus progenitoras mientras se define su situación legal y habitacional.

El Ministerio Público ha puesto en marcha un proceso exhaustivo para evaluar el estado de salud de todos los rescatados y determinar el impacto de los traumas físicos y psicológicos derivados del encierro y el trato recibido.

Explotación infantil y arrestos

De acuerdo con la información ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los niños eran forzados a realizar tareas pesadas incompatibles con su edad, incluyendo la carga de maderas y materiales para la construcción de una vivienda.

Durante el allanamiento fueron arrestadas varias personas vinculadas a la gestión del establecimiento, entre ellas Ángel Gabriel Capellán, señalado como pastor y principal encargado de la fundación.

Un historial de irregularidades

Las autoridades señalaron que este recinto ya contaba con antecedentes. En septiembre del año pasado se ejecutó una intervención similar donde se rescataron varios menores en menor número, lo que agrava la situación legal de los administradores y refuerza las investigaciones penales para clausurar de forma definitiva este tipo de operaciones clandestinas.