El tribunal correspondiente dispuso el aplazamiento de la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido popularmente como «El Pastor», e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, ambos imputados por presuntos maltratos físicos y abuso psicológico contra menores de edad dentro de las instalaciones de la Fundación Restaurando Vida, ubicada en el municipio de Haina.

La decisión de posponer la vista judicial respondió a una solicitud conjunta de la defensa y el Ministerio Público con el propósito de examinar a fondo las piezas del expediente y permitir la realización de las evaluaciones periciales a las presuntas víctimas mediante el protocolo de cámara Gesell. Los abogados defensores señalaron que estas entrevistas especializadas resultan indispensables para esclarecer la veracidad de los hechos imputados.

La postura de la defensa técnica

Los juristas Luis Carela y Manuel Soto Lara, representantes legales de los acusados, calificaron las acusaciones como una exageración carente de sustento probatorio. Durante su comparecencia ante los medios, afirmaron que demostrarán en los tribunales que dentro del recinto no se cometieron abusos ni se sometió a los menores a trabajos forzosos. Asimismo, argumentaron que cualquier cuestionamiento relativo a la falta de permisos formales para operar constituiría una falta meramente administrativa y no un delito de naturaleza penal.

La defensa también sostuvo que la fundación desempeñaba una labor social en beneficio tanto de niños en situaciones familiares complejas como de adultos mayores desamparados, enfatizando que las autoridades debieron intervenir para regularizar el funcionamiento del espacio en lugar de proceder con su clausura inmediata.

Origen de la investigación

El caso salió a la luz pública luego de que un adolescente de 12 años lograra salir del recinto y acudiera en compañía de un adulto a un destacamento policial en Hatillo, provincia San Cristóbal, denunciando agresiones físicas y jornadas de trabajo forzado. La alerta movilizó un operativo interinstitucional coordinado por el Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), culminando en el rescate de los menores y el arresto de los implicados para fines de procesamiento judicial.