El tribunal correspondiente dispuso el aplazamiento para el próximo jueves de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido popularmente como «El Pastor» o «Capellán», y su presunto colaborador Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Ambos enfrentan acusaciones formales del Ministerio Público por presuntos maltratos físicos, agresiones psicológicas y sometimiento a trabajos forzados en contra de niños, niñas y adolescentes.

La postergación procesal se fundamentó en la necesidad de completar diversas evaluaciones periciales y psicológicas pendientes a las presuntas víctimas, diligencias indispensables para que el órgano judicial determine la procedencia de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía. Por su parte, la defensa técnica de Capellán alegó que las diligencias deben agotarse antes de entrar al fondo y aseveró que ninguno de los tutores legales de los menores ha formalizado una querella directa contra el imputado.

Un patrón sistemático de abusos

El expediente judicial se centra en los hechos ocurridos en las instalaciones de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. Las autoridades intervinieron el recinto tras la evasión de un menor de 12 años el pasado 28 de agosto, quien logró escapar y alertó a los organismos competentes sobre el calvario que vivían los internos.

Durante los operativos de rescate, las autoridades lograron salvaguardar a 14 menores de edad. De acuerdo con la solicitud del órgano persecutor, los infantes habrían sido víctimas de golpizas sistemáticas, quemaduras corporales, privación deliberada de alimentos y largas jornadas de servidumbre involuntaria, transgresiones contempladas en las leyes 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) y 137-03 (sobre Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas).

Operación al margen de la ley

La investigación también arrojó que el centro operaba en absoluta clandestinidad para el acogimiento infantil. Entre las pruebas documentales incautadas durante los allanamientos destaca una resolución del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), fechada el 30 de octubre de 2020, en la cual se suspendían formalmente sus operaciones y se prohibía de manera expresa el ingreso de cualquier menor de edad a dichas instalaciones, mandato que fue desacatado por los responsables.