El proceso judicial que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, sufrió un nuevo aplazamiento luego de que una de las empresas imputadas en el expediente se presentara a la sala de audiencias sin representación legal.

La abogada Laura Acosta, representante de Beras, fustigó enérgicamente la postura adoptada por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, entidad que presuntamente se negó a comparecer para asistir a la referida persona jurídica tras la renuncia previa de sus abogados particulares.

Rechazo a un mandato judicial

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Acosta, el tribunal apoderado había notificado formalmente a la Defensa Pública desde el pasado 20 de agosto para que asumiera la asistencia técnica de la compañía. Sin embargo, el órgano defensor argumentó que sus estatutos limitan su accionar a personas físicas y excluyen a corporaciones o figuras morales.

"La Defensoría Pública se ha negado porque se trata de una persona moral, una empresa, y alegan que ellos no defienden empresas. Lo que pasa es que eso no es lo que dice la Constitución", aseveró Acosta, subrayando que toda persona o entidad sometida a un juicio debe contar con las debidas garantías para su defensa.

Bloqueo de fondos y suspensión de la audiencia

La jurista argumentó que la negativa institucional vulnera el debido proceso, especialmente cuando se trata de una entidad que manifiesta no poseer liquidez económica para costear una defensa privada, posiblemente por tener sus cuentas y activos intervenidos por las autoridades.

La ausencia de representación técnica impidió que el tribunal conociera el fondo del caso, provocando la oposición formal tanto del Ministerio Público como de los abogados de los demás imputados, quienes objetaron continuar sin que la parte estuviese debidamente asistida.

Intimación a la Defensoría Pública

Ante este escenario, las juezas del tribunal emitieron una intimación directa a la coordinación de la Defensa Pública para que comparezca de forma obligatoria en la próxima sesión. En dicha cita, la institución deberá exponer formalmente las razones de su incomparecencia y dar estricto cumplimiento al mandato emitido por la corte.

Acosta concluyó haciendo un llamado a la institucionalidad, recalcando que las sentencias y resoluciones jurisdiccionales son de acatamiento obligatorio para todos los estamentos del Estado, incluidos los órganos de administración de justicia.