La muerte de un ciudadano haitiano de 23 años durante una intervención de la Dirección General de Migración (DGM) en el distrito municipal de Verón, Punta Cana, ha generado fuertes reacciones en la comunidad internacional. Ante el suceso, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, demandó al Estado dominicano la apertura inmediata de un proceso de investigación imparcial, riguroso e independiente para determinar responsabilidades y llevar justicia a los parientes de la víctima.

Los hechos se registraron en el sector Villa Playboy, donde una cuadrilla de agentes migratorios y miembros de la Policía Nacional ejecutaba labores de interdicción. Según reportes preliminares, el ambiente escaló rápidamente tras suscitarse disturbios en los que civiles habrían lanzado botellas, piedras y objetos contundentes hacia los uniformados, obligando al despliegue de medidas de contención. En medio del tumulto, el joven recibió un impacto de bala letal; no obstante, las instituciones competentes aún no han emitido un balance oficial detallado sobre lo sucedido.

Cuestionamientos al uso de fuerza letal

Frente al silencio administrativo, Amnistía Internacional subrayó la urgencia de esclarecer bajo qué protocolos y condiciones se autorizó y accionó armamento letal en el operativo. La representante regional del organismo enfatizó que la condición migratoria de un individuo jamás puede servir de justificante para la violencia excesiva o arbitraria por parte de los cuerpos del orden.

"El uso intencional de fuerza letal solo es admisible cuando se han cumplido varias condicionantes y es estrictamente inevitable para proteger una vida. La situación migratoria de una persona nunca justifica el uso ilegítimo de la fuerza", sostuvo Piquer, instando además a examinar si existieron componentes de sesgo o discriminación en el accionar de los agentes.

Un llamado contra la impunidad

Finalmente, la organización advirtió que la ausencia de respuestas transparentes y de sanciones disciplinarias o judiciales frente a eventuales abusos fomenta un clima de impunidad en las redadas cotidianas. Piquer exhortó a las autoridades dominicanas no solo a resolver este caso puntual, sino también a revisar a fondo las directrices de los operativos para garantizar que no vulneren la integridad ni los derechos humanos fundamentales de las personas por su nacionalidad o color de piel.