Diversas comunidades del municipio de Santo Domingo Norte han levantado su voz de protesta ante lo que califican como un grave atentado ecológico contra el río El Higüero. Representantes de sectores como Amor de Dios, Los Mameyes Rincón Mancebo y Los Bussi hicieron un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que aplique sanciones ejemplares contra los responsables de intervenir el afluente de manera arbitraria.

De acuerdo con las denuncias de los moradores, en la zona se procedió a la excavación y construcción de una supuesta poza destinada a retener agua y frenar la corriente natural del río. Una comisión de comunitarios intentó dialogar con los trabajadores en el lugar para detener las labores, señalando que la obra carece de autorizaciones oficiales y pone en riesgo el equilibrio hidrológico local.

Violaciones a la Ley 64-00

Ivelisse Ferrer, vocera comunitaria de los sectores afectados, enfatizó que esta intervención infringe de forma directa la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) y la propia Constitución dominicana.

Entre las faltas señaladas destacan:

• Artículo 40: Prohíbe de manera expresa modificar, intervenir u obstaculizar los cauces naturales de las fuentes acuíferas sin la debida autorización estatal.
• Artículo 129: Establece una franja de protección obligatoria de 30 metros a ambos lados de los ríos como área intangible, donde queda terminantemente prohibido levantar infraestructuras temporales o permanentes o colocar materiales que degraden las márgenes fluviales.

Señalan al presunto responsable

Los comunitarios señalaron directamente al doctor naturalista identificado como Torres de La Paz como el autor intelectual de las intervenciones ilegales en el cauce del río El Higüero. Según los afectados, los trabajos se han realizado al margen de los protocolos ambientales vigentes y sin ningún permiso otorgado por las autoridades competentes.

Los residentes reiteraron que mantendrán la vigilancia y continuarán presionando por la vía legal hasta lograr la restauración inmediata de la franja afectada y el cese definitivo de cualquier actividad que ponga en peligro este recurso natural fundamental para la demarcación.