El endurecimiento de las redadas migratorias en el noreste de Estados Unidos sigue encendiendo las alarmas dentro de las comunidades hispanas. De acuerdo con un análisis exhaustivo presentado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus intervenciones de forma drástica, superando en los primeros siete meses de este año el total acumulado en los dos años previos.

Dentro de este grupo de afectados, al menos 32 ciudadanos dominicanos han sido arrestados por agentes federales entre 2024 y mediados de este año. La lista de extranjeros detenidos también incluye a nacionales de países como Angola, Ecuador, República Democrática del Congo, Guatemala y Honduras, concentrándose principalmente en hombres en edad productiva (entre 25 y 44 años).

Sin antecedentes criminales

Uno de los datos más alarmantes que arroja el análisis de las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es que el 98 % de las personas arrestadas no poseía ninguna condena criminal. La mayoría de las detenciones ocurrieron en la vía pública o mientras los solicitantes acudían de forma voluntaria a citas regulares en las propias oficinas migratorias.

"La política que hemos visto es la de usar cuotas en lugar de utilizar un récord o investigación sobre problemas o causas de riesgo a la seguridad pública", advirtió Rubén Torres, portavoz de MIRC. Torres señaló que estas medidas golpean a personas trabajadoras —enfermeras, personal de limpieza y mantenimiento de escuelas y hospitales— y generan un profundo clima de miedo en familias que terminan desintegradas tras los arrestos.

Expansión territorial y secuelas humanas

El radio de acción de las autoridades federales también ha crecido notablemente en Maine, pasando de intervenir en 20 municipios durante 2024 a desplegarse en 50 localidades en lo que va de año. Esta mayor presencia ha dejado saldos fatales en la región, como el caso ocurrido el pasado 13 de julio, cuando agentes de ICE dispararon y causaron la muerte al migrante colombiano Johan Sebastian Durán en Briddeford, pese a no ser el objetivo original del operativo.

Por su parte, Mufalo Chitam, directora ejecutiva de MIRC, destacó que las estadísticas solo reflejan una parte del problema, pues detrás de cada cifra existe una familia fragmentada con un alto costo económico en fianzas y asesoría legal, sumida en la incertidumbre ante posibles procesos de deportación.