En una carrera contrarreloj y a escasas semanas de unos comicios legislativos decisivos, el Gobierno de Donald Trump radicó un nuevo recurso de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La meta de la administración es conseguir la entrada en vigor inmediata de una normativa del Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) que busca endurecer los protocolos en torno a las papeletas del voto por correo.

El litigio aterriza en el máximo tribunal luego de que la jueza federal de distrito en Massachusetts, Indira Talwani, emitiera una orden judicial preliminar que bloqueó por tiempo indefinido la iniciativa del USPS. Dicha disposición obligaría a las autoridades electorales locales a cargar los padrones de votantes por correo en un portal centralizado y a incorporar códigos de barras específicos en cada sobre para su rastreo, medidas que diversas entidades consideran inviables de ejecutar en este punto del calendario.

Papeletas ya en tránsito y advertencias de caos

La urgencia procesal responde a una realidad logística: el proceso electoral ya arrancó en el terreno. Estados como Carolina del Norte comenzaron el despacho de boletas, mientras demarcaciones como Alabama y al menos otros cinco estados tienen previsto iniciar sus envíos en cuestión de días. Frente a este panorama, el Departamento de Justicia argumentó ante los magistrados que suspender la obligatoriedad de la norma genera incertidumbre operativa justo cuando millones de sobres ingresan a la red postal.

Por su parte, el procurador general D. John Sauer sostuvo que la medida solo introduce «requisitos modestos» sobre el diseño de los sobres y la verificación de destinatarios, rechazando que el Ejecutivo busque federalizar unilateralmente las reglas comiciales.

Fuerte rechazo civil y base constitucional

La ofensiva legal ha encontrado una férrea oposición por parte de una coalición integrada por 23 estados y organizaciones de derechos civiles. Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advirtió que aplicar modificaciones a menos de 60 días de la jornada electoral amenaza con privar del derecho al sufragio a miles de ciudadanos que dependen exclusivamente del sistema postal.

En su dictamen, la jueza Talwani recalcó el marco institucional estadounidense: la Cláusula Electoral de la Constitución confiere a los estados y al Congreso la potestad exclusiva para normar los comicios, dejando al poder ejecutivo sin autoridad inherente para alterar dichos procesos.

La jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, encargada de tramitar los asuntos de emergencia procedentes del Primer Circuito, fijó un plazo estricto para este miércoles para que los demandantes presenten sus alegatos finales, antes de que el alto tribunal determine si frena o avala los cambios propuestos.