Por primera vez desde que Chile recuperó la democracia en 1990, el Palacio de La Moneda no albergó actos ni ceremonias oficiales para conmemorar el aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, acontecimiento que derrocó al presidente Salvador Allende e instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La decisión fue encabezada directamente por el presidente José Antonio Kast, quien optó por desplazarse a la región de Los Ríos para atender labores vinculadas a emergencias climáticas. Desde allí, el mandatario defendió su postura de no mirar al pasado: "No puedo borrar la historia, pero tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar hacia el futuro", sostuvo, subrayando que la prioridad de su gestión se enfoca en las urgencias actuales de la población.

Rechazo generalizado desde la oposición

La determinación gubernamental encendió de inmediato las alarmas en diversos sectores políticos y defensores de los derechos humanos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, recordó que la propia sede de gobierno fue bombardeada durante la asonada militar y advirtió que al mandatario "le toca ser presidente de Chile, no un activista de derecha". En esa misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, catalogó la omisión como una "mala señal" frente a hechos que dejaron profundas heridas en la sociedad.

Frente al sepulcro de Allende, figuras políticas y familiares rindieron su propio homenaje. La exsenadora Isabel Allende, hija del derrocado líder socialista, enfatizó que "un país sin memoria no tiene futuro" y recalcó que recordar implica dignificar a las víctimas para que la violencia nunca vuelva a ser una herramienta de resolución política. A los actos también se sumó el expresidente Gabriel Boric, quien sentenció que la memoria histórica no depende de convocatorias oficiales, sino que permanece arraigada en el tejido social chileno.

Calles divididas entre vigilias y enfrentamientos

Pese al silencio gubernamental, miles de ciudadanos salieron a manifestarse en el centro de Santiago con pancartas y consignas en recuerdo de los más de 3.200 fallecidos y desaparecidos, así como de las más de 40.000 víctimas de abusos a los derechos humanos documentadas durante los 17 años de régimen militar.

La jornada de protestas concluyó con algunos disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que recurrieron al uso de cañones de agua para dispersar a grupos de manifestantes. Al caer la noche, el tono cambió hacia la solemnidad: diversos puntos de la capital albergaron emotivas vigilias iluminadas por velas ante los retratos de las víctimas, reafirmando una memoria histórica que, aún sin el respaldo del Estado, continúa marcando el presente de la nación.