En una medida diplomática de alto impacto regional, la República Dominicana anunció la retirada y cierre indefinido de su embajada en Nicaragua. La decisión fue formalizada por el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, durante su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.

El jefe de la diplomacia dominicana sostuvo que la medida se mantendrá vigente mientras continúe el menoscabo a las libertades públicas y a las garantías democráticas fundamentales en la nación centroamericana. Bisonó subrayó que esta postura responde a la doctrina exterior trazada por el presidente Luis Abinader, cuyo eje central sitúa la defensa irrestricta de los derechos humanos y la institucionalidad democrática por encima del mero protocolo.

Un llamado a la coherencia regional

Durante su alocución en el foro interamericano, Bisonó enfatizó que la comunidad internacional no puede limitarse a la retórica frente a las derivas dictatoriales en las Américas. El funcionario instó a los países miembros a pasar de las declaraciones formales a acciones concretas y verificables, recordando que América Latina ya ha padecido épocas oscuras de autoritarismo que no deben repetirse bajo ninguna circunstancia.

Esta determinación representa el punto culminante de un sostenido enfriamiento en los lazos bilaterales entre Santo Domingo y Managua, acentuado a lo largo de los últimos meses tras una seguidilla de desencuentros diplomáticos:

• Julio: El Gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Managua tras el rechazo a las declaraciones públicas de Daniel Ortega, quien llegó a asegurar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones».
• Septiembre: Como respuesta a las críticas dominicanas, el régimen nicaragüense ordenó el cierre de su misión diplomática en Santo Domingo y emitió duros agravios institucionales contra el Estado dominicano.
• Reformas constitucionales: La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó recientemente cambios que amplían el periodo presidencial a siete años y proscriben a dirigentes opositores bajo la figura de «traición a la patria».

Con esta acción, la República Dominicana ratifica su compromiso con la Carta Democrática Interamericana, marcando una línea clara de distanciamiento frente a un régimen que ha cerrado las vías electorales y pluralistas.