La ofensiva de control migratorio impulsada por el Gobierno de Donald Trump continúa redefiniendo la cotidianidad y la seguridad de millones de personas en Estados Unidos. Los registros más recientes dibujan un escenario de endurecimiento sistemático: la población carcelaria bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creció cerca de un 70%, sobrepasando los 66.000 detenidos, mientras que el ritmo de expulsiones se aproxima rápidamente al millón de personas reportadas por las autoridades federales.

Perfiles en disputa y el endurecimiento de los arrestos

A pesar de que la narrativa oficial sostiene que las operaciones están dirigidas contra criminales de alta peligrosidad —catalogados como «los peores entre los peores»—, análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse revelan que la gran mayoría de los detenidos no cuenta con condenas penales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende sus balances argumentando que casi siete de cada diez apresados tienen antecedentes o procesos pendientes. Esta última categorización ha generado fuertes reparos por parte de expertos como David Bier, del Instituto Cato, quien subraya que computar cargos sin resolver infla artificialmente las cifras y socava el debido proceso.

La postura del Gobierno, sin embargo, no contempla concesiones. El zar fronterizo Tom Homan ha reiterado que cualquier persona indocumentada permanece en el radar de las autoridades, sin excepciones. Esta directriz se ha traducido en operativos ostensibles en vecindarios y vías públicas, donde agentes federales han recurrido a maniobras agresivas que incluyen rotura de cristales y derribos físicos. Más preocupante aún, al menos 20 personas han sido alcanzadas por disparos de uniformados en servicio, desatando investigaciones locales y protestas de activistas por derechos civiles.

Escala de deportaciones y saturación de los centros

De acuerdo con balances preliminares del DHS, cerca de 985.000 personas han sido expulsadas mediante la coordinación entre ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Guardia Costera. El traslado del peso operativo hacia el interior del territorio nacional ha elevado las expulsiones a máximos históricos, al tiempo que organizaciones de la sociedad civil reclaman mayor transparencia en el desglose de los datos oficiales ante una capacidad carcelaria que las autoridades pretenden seguir expandiendo.

Crisis médica y aumento de la mortalidad bajo custodia

El hacinamiento y la celeridad de las redadas coinciden con un sombrío indicador: al menos 57 inmigrantes han perdido la vida bajo custodia de ICE durante el presente mandato, alcanzando la tasa más alta desde los momentos más duros de la pandemia. Informes de autopsias y expedientes legales exponen que una docena de estos decesos estuvo vinculada a falta de personal y atención médica deficiente, además de registrarse al menos diez presuntos suicidios.

Frente a estos señalamientos, el DHS descarta negligencias y sostiene que la reclusión «es una elección», recordando la existencia de programas de autodeportación con incentivos económicos, a la par que asegura proveer estándares de cuidado superiores a los de muchas prisiones estatales. No obstante, evaluaciones de entidades como Physicians for Human Rights y Human Rights First contradicen la versión estatal, advirtiendo que la tasa de mortalidad se ha más que duplicado y demandando medidas de emergencia para frenar la pérdida de vidas en el sistema de retención.